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Corrupción en las rehabilitaciones del arte sacro

Las adjudicatarias falsearon presupuestos de terceros

El atestado policial concluye que las empresas simularon ofertas de otras firmas para dar apariencia de legalidad al proceso

La unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía escribe en sus conclusiones sobre el caso Retablo que la fórmula elegida por el Xacobeo para adjudicar los contratos a través de procedimientos negociados sin publicidad era una farsa. Después de escudriñar los expedientes administrativos que el juez pidió al Xacobeo, esta brigada especializada en delitos económicos concluye que el ente público, y sobre todo el arquitecto que supervisaba las adjudicaciones, José Manuel Pichel Pichel, no sólo no invitaban a tres empresas para que presentasen ofertas y decidían de antemano las adjudicaciones, sino que era la firma beneficiaba la que se encargaba de recabar falsos proyectos para "simular la concurrencia" y dar apariencia de legalidad al proceso.

Los tres licitadores que competían con Alquimia trabajaban para esta empresa
Los empleados dijeron a la policía que nunca realizaron esos proyectos
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El sumario está salpicado de evidencias y datos concretos que apuntalan esta tesis. Cuando la policía empezó a bucear en la documentación oficial, fueron muchos los flecos que chirriaron a los agentes. Un ejemplo. En el fax de tres hojas que la representante de CBC, Olga Quintela, envío al Xacobeo el 2 de diciembre de 2004 figuraba el título de licenciada en Bellas Artes de una mujer que concurría al concurso compitiendo con la empresa de Quintela. Los policías se preguntan "¿Cómo es que CBC tiene documentación privada de las otras concursantes del proyecto?". Tirando de ese hilo, los policías pronto comprobaron que las ofertas que concurrían a las adjudicaciones que ganaba CBC siempre eran las mismas.

Una de ellas era una particular, M. C. G., que en el momento de optar a los contratos trabajaba para CBC. La tercera de las ofertas de ese procedimiento negociado correspondía a otra mujer, P. G. G., quien se ha negado a testificar ante la policía aduciendo distintas causas cada vez.

Cuando M. C. G. estuvo sentada frente a los agentes, esta mujer admitió haber firmado el proyecto para su jefa. Dijo que lo hizo en una ocasión como empleada y cuando abandonó la empresa por la amistad que le unía a Olga Quintela. Añadió algo más: que en otros tres procesos fue la Oficina Técnica del Xacobeo -donde trabajaba Pichel - la que le pidió los proyectos y que en una ocasión lo hizo Carlos Gómez-Gil. Aclaró que nunca se le solicitaron por escrito ni se le informó de las condiciones del concurso administrativo ni del pliego de condiciones.

Tantos detalles llevan a la policía a concluir que esta persona "era utilizada por la empresa CBC [ganadora de siete de los diez concursos analizados] como por Gómez-Gil y Pichel para cubrir así el expediente de concurso administrativo, asegurándose que CBC resultaba adjudicataria de la obra".

Algo parecido sucedió en las dos contratos de rehabilitación que obtuvo la firma Alquimia por un importe total de 57.442 euros. Los tres licitadores que debían competir por estos dos trabajos eran todos trabajadores de la propia firma Alquimia. Este procedimiento fue todavía más rocambolesco. Cuando prestaron declaración ante los polícias como testigos, los tres supuestos ofertantes coincidieron en que eran sus firmas las que aparecían en los proyectos, pero aseguraron que nunca realizaron los trabajos, y que sólo escribieron sus nombres allí donde se lo pidió su jefe en la empresa, David Durán Montero, administrador único de Alquimia, también imputado.

"Queda constatado", resume el atestado policial, "que estos licitadores no fueron invitados por el Xacobeo ni por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para licitar estas obras". El informe añade que el arquitecto del Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel, encargado de supervisar el proceso, "no comprobó la capacidad de los licitadores" puesto que "no eran ni empresarios, ni autónomos" e incluso "figuraban como empleados de la empresa adjudicataria".

De la declaración de los testigos, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policia deducen que el dueño de Alquimia no se ajustó a la verdad cuando declaró ante los agentes, puesto que entonces alegó "que sólo daba un presupuesto tanto a Carlos Gómez- Gil Aizpurúa como a José Manuel Pichel Pichel, cuando realmente entregaba los tres presupuestos con distintos nombres de licitadores que le garantizaban así la adjudicación de la obra".

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