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Vientos a precio de ganga

Una tesis denuncia las escasas tarifas que se pagan por ocupar terrenos eólicos

En Lañas, en el municipio coruñés de A Baña, disfrutan de la calma propia de una pequeña parroquia rural. Un silencio por el que teme Cándido Iglesias, ganadero, cuando habla de las muchas preocupaciones que le despierta la posibilidad de que sus tierras pasen a estar ocupadas por aerogeneradores. Si se construye el parque eólico de Vilamartiño -proyectado por la gallega Galenova sobre seis parroquias de A Baña y Val do Dubra-, su ganado pastará bajo algunos de sus 19 molinos.

Él y sus vecinos supieron del parque cuando fue autorizado, en 2007. Y desde entonces hasta este verano, denuncian, no volvieron a tener noticias del proyecto. "Un día llegaron representantes de una consultoría con los contratos redactados y con la amenaza de la expropiación para urgirnos a firmar", explica Iglesias. Una situación que provocó que las dudas, la desconfianza y la sensación de desamparo se extendiesen entre los afectados.

En algunos acuerdos de compraventa se abonan céntimos por metro cuadrado

Los contratos están repletos de desventajas para los propietarios

"Ese es el procedimiento habitual", lamenta la economista Rosa María Regueiro, que acaba de presentar en la Universidad de Santiago de Compostela su tesis Xénese e desenvolvemento do sector eólico en Galicia (1995-2010): marco institucional, aspectos económicos e efectos ambientais. Regueiro ha estudiado a fondo los números que han dejado 15 años de presencia de aerogeneradores en el paisaje gallego -desde que un decreto regulase por primera vez, en 1995, la implantación de parques eólicos- para concluir que las carencias legislativas han modelado un sector en el que los grandes perdedores son los propietarios de los terrenos donde se asientan los parques, en los que han revertido muchos menos beneficios que en otros modelos de gestión.

La forma de compensación predominante en Galicia es el alquiler o compra de los terrenos sobre los que se proyectan estas instalaciones. Y de ahí surgen con frecuencia situaciones como la que denuncian en A Baña y Val do Dubra. "La primera perversión del sistema es la idea de que el suelo adquiere valor con la instalación del parque. Y no es así: un parque se instala sobre un terreno porque éste posee potencial eólico", explica Regueiro. Pero estos terrenos -que normalmente son suelos rústicos o forestales de bajo rendimiento, ya que la exposición a fuertes vientos reduce la vegetación- son valorados de acuerdo a sus usos previos. Por eso, una de las propuestas que se derivan de la investigación es la de crear una categoría especial de suelo para catalogar estas tierras, dándole una valoración adecuada a su potencialidad económica.

Para dilucidar cuál es la retribución justa para los propietarios de las tierras -"y de su viento", apostilla Cándido Iglesias- Regueiro propone en su investigación un método de cálculo que, teniendo en cuenta las horas anuales de viento que se registran en un terreno y la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del parque, establece la compensación mínima - dejando un amplio margen de beneficios para las eólicas- en seis euros por kilovatio instalado. Revisando contratos de los últimos 15 años, se ha encontrado con que las retribuciones en Galicia oscilan entre uno y tres euros. Hay que tener en cuenta que el valor de seis euros se obtiene en los niveles mínimos de viento para la instalación de aerogeneradores, establecido en torno a las 1.800 horas anuales. Y en algunos parques gallegos llegan a registrarse más de 3.000.

Los números tampoco son alentadores en el caso de la compraventa. En los contratos estudiados a lo largo de la investigación pueden encontrarse valoraciones de céntimos por metro cuadrado. El récord negativo lo tienen terrenos en Muros pagados en 1997 a 22 céntimos, y el precio más alto registrado en estos últimos 15 años se queda en los 2,24 euros alcanzados hace una década en As Pontes. Sobre la expropiación -una amenaza frecuente- explica Regueiro que, de llegar a ese proceso, los precios son muy bajos.

A la desinformación sobre los precios se suman otras pequeñas trampas, advierte Regueiro. "La letra pequeña de algunos contratos incluye una cláusula que responsabiliza a los propietarios del desmantelamiento del parque al final de su vida útil", advierte. Las empresas se van y el terreno vuelve a sus dueños con aerogeneradores y líneas de evacuación incluidas.

No es la única atadura que firman los propietarios. La mayor parte de los contratos contempla la posibilidad de que la empresa renuncie al contrato antes de su vencimiento sin que los propietarios reciban ninguna compensación. No es un derecho recíproco. "E incluso llegaron a recogerse penalizaciones a los propietarios en caso de descenso de la producción", añade Regueiro.

Entre los peores modelos del mundo

El diagnóstico de Regueiro ante las carencias del sector eólico gallego es claro: "Hace falta una concepción integral del sector, algo que aquí nunca ha tenido desarrollo legislativo". Y al analizar otros modelos implantados en Europa y en todo el mundo concluye que Galicia es uno de los peores lugares para poseer un terreno ventoso. En Dinamarca, Holanda, Lituania, Japón o China se obtienen más beneficios.

"Dinamarca disfruta del modelo más beneficioso para los propietarios", cuenta Regueiro, "porque ha desarrollado una ley estatal en la que contempla a todos los agentes: la administración legisla, los propietarios son accionistas con voz y voto a través de las cooperativas que gestionan los parques, la industria desarrolla los aerogeneradores y las entidades financieras ofrecen apoyo económico".

El resultado: la eólica es hoy una energía vista con buenos ojos por la gran mayoría de la población danesa, no solo como alternativa a las energías fósiles sino también como un recurso económico que ha revertido en el conjunto de la sociedad.

Pero en Galicia la implantación de la energía eólica ha ido acompañada de un creciente desencanto. La sensación de expolio que genera el modelo de compensación, los constantes enfrentamientos partidistas, la opacidad alrededor de sus consecuencias medioambientales y una baja incidencia en el empleo han alimentado la desafección. "Nunca se ha legislado en favor de los propietarios. Y la última ley es incluso regresiva en este aspecto", lamenta Regueiro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de octubre de 2010

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