Discriminar por decreto

Las marchas y contramarchas de ofertas, trueques y preacuerdos para la negociación en el conflicto árabe-israelí es tan compleja, contradictoria y casi siempre fútil que si no se tratara de un problema del que depende la paz en la zona, habría que considerarlo un mero baile diplomático.

El último movimiento del jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, es una oferta. Si la Autoridad Palestina (AP), que preside el moderado Mahmud Abbas, asume una próxima ley en la que se exige que los no judíos juren "lealtad al Estado judío" para naturalizarse ciudadanos, el líder sionista extendería la moratoria, que expiró el 26 de septiembre, sobre la expansión de asentamientos en los territorios ocupados, pero solo en Cisjordania, lo que permitiría seguir edificando, como hasta ahora, en la Jerusalén árabe.

La AP había interrumpido las negociaciones de paz, iniciadas a mediados del mes pasado, exigiendo que cesara la construcción de viviendas, con el argumento, muy razonable, de que una de las partes no podía seguir devorando el territorio objeto de disputa, en el que el Gobierno palestino pretende aposentar un día su Estado soberano.

Fuentes del Gobierno de Abbas han rechazado ya, aunque en términos de una cierta ambigüedad, la propuesta israelí, que no solo es discriminatoria sino de gravísimas consecuencias. El reconocimiento de Israel como Estado judío cerraría la puerta a la futura admisión de pocos o muchos de los cuatro millones de refugiados, descendientes de los 900.000 que fueron directa o indirectamente expulsados de Palestina en el curso de dos guerras, las de 1948 y 1967; abriría también la puerta a la deportación del millón y pico de palestinos que hoy son ciudadanos de Israel. Un Estado judío no es lo mismo que un Estado para los judíos, puesto que en el primero no cabría quien no perteneciera a esa comunidad, más histórica y religiosa que racial o lingüística, mientras que en el segundo, que es el actual, sí puede vivir una minoría árabe. Y también es una medida discriminatoria, porque equivale a que un Estado exija, por ejemplo, como requisito para acceder a la nacionalidad, una profesión de fe católica o de cualquier otra religión. Argentina, sin llegar tan lejos, exigió hasta las modificaciones constitucionales de 1991 ser católico para llegar a la presidencia.

El presidente estadounidense había pedido a Netanyahu una nueva moratoria, aunque solo de dos meses. Lo que hace pensar que lo que preocupa a Barack Obama es que su atribulado partido, el demócrata, llegue a las elecciones del 2 de noviembre, que renuevan la Cámara baja y un tercio del Senado, al menos con las conversaciones en marcha. Una moratoria que no sea total -y la anterior tenía más agujeros que un colador- prolongada y sin nuevos costes, como el reconocimiento de la judeidad del Estado, servirá de poco. Por eso el baile diplomático está abocado a una accidentada carrera de obstáculos.