Niño legal de mamá ilegal
Los principios frente al pragmatismo: la gestación en un 'vientre de alquiler' está prohibida en España, pero los hijos nacidos en países que la admiten están aquí - No pueden quedar desprotegidos
Cuando José y Juan decidieron tener un hijo lo tuvieron claro: querían que fuera lo más "hijo suyo posible", con su carga genética. Como la naturaleza obliga, tuvieron que contar con la ayuda de una mujer. Pero ellos no querían que ella -por muy estupenda que fuera- interfiriera en su familia. Por eso acudieron a una agencia californiana, que les facilitó una gestante subrogada (lo que coloquialmente se llama vientre o madre de alquiler, un término que ellos rechazan tajantemente).
En 2008 nacieron sus gemelos. Suyos para todos, menos para la legislación española, que no les permitió inscribir a esos niños como suyos. O, al menos, que no lo permitía, porque se les exigía que dieran el nombre de la madre, algo a lo que se niegan. Además, los contratos de gestación sustitutiva son nulos en España. Pero José y Juan -nombres supuestos-, un matrimonio valenciano, no se rindieron. Llevaron adelante su exigencia de que sus hijos fueran inscritos, desde el principio, como hijos de ambos. Y por medio de una política de hechos consumados han conseguido que la Dirección General de Registros y Notariados, dependiente del Ministerio de Justicia, promulgue una instrucción que permitirá -a ellos y a otras 26 familias por lo menos- normalizar la situación de los niños.
Valcárcel: "Hay cosas que no pueden ser objeto de transacción económica"
"No se podía ignorar que los pequeños viven aquí", dice la directora de Registros
Una histórica del feminismo cree que esta práctica debe regularse
Las parejas de gais se niegan a recurrir a la adopción: "Son hijos de los dos"
Para ello han tenido que hacer un fuerte desembolso (el proceso puede costar unos 60.000 euros, entre lo que se paga a la mujer, los viajes, las pruebas médicas, el hospital), y es aquí donde empiezan las pegas. La catedrática de Ética de la UNED Amelia Valcárcel lo tiene claro: "Hay cuestiones vinculadas al cuerpo que no pueden ser objeto de transacción económica. Se pueden hacer de facto, pero eso no quiere decir que estén bien". Además, la catedrática ve otro problema: "No existe voluntad humana que se mantenga firme para toda la vida. Es posible que dentro de 10 años la mujer no pueda soportar la idea de lo que hizo".
Por eso, a pesar de que todo se basa en el principio del interés del menor, la decisión de regular a estos niños no ha sido fácil para las autoridades. "No podíamos ignorar que están aquí, que tienen un padre español", dice la directora de Registros y Notariados, María Ángeles Alcalá. Pero eso no quiere decir que les guste la idea. "No podemos meternos en la legislación de otros países, pero no se puede aceptar todo", afirma. Aunque está satisfecha con haber dado solución a la situación, no puede ocultar que en el fondo del proceso hay algo que le da miedo. "Cuando ves que hay agencias que ofrecen en el mismo paquete el viaje a Estados Unidos, el tratamiento médico, el útero de alquiler y volver a España con un niño te planteas muchas cosas", admite.
Y eso que, seguramente, los procesos que se dan en Estados Unidos sean los que tienen más garantías. Por eso Justicia exige a los padres de estos niños un documento -una resolución judicial de paternidad- que es obligatoria en ese país para inscribir a los niños, pero que no se usa en otros que también permiten la práctica, como India, Rusia y Ucrania (en la UE solo lo admiten Reino Unido y Grecia, aunque con muchas limitaciones, indica Alcalá).
Para el Ministerio de Justicia -y para las Cortes españolas, que aprobaron unánimemente la parte de la ley de reproducción asistida que declara nulos los contratos de gestación subrogada- hay un problema de fondo: que se use el cuerpo de la mujer como una mercancía. "Y la resolución judicial permite, por lo menos, salvaguardar sus derechos: la gestante tiene que declarar que no ha sido coaccionada, que ha actuado libremente", indica Alcalá. "Lo menos que podemos pedir es que el país de origen garantice que se han respetado sus derechos", insiste.
La directora de Registros admite que en su departamento han tenido que actuar empujados por los hechos. "Aunque esos niños no estaban desprotegidos. Uno de los padres podía haberlos inscrito como propios, y el otro adoptarlos", explica.
Pero esa solución no es admisible por los afectados. "Son hijos de los dos por igual", insiste José, siempre combativo. Además, el proceso de adopción lleva su tiempo, y en el intervalo podrían haberse dado situaciones -separación de los cónyuges, muerte del padre inscrito como biológico- que amenazara la relación del otro con los niños (por ejemplo, que los abuelos se negaran a facilitarle las visitas).
Además, hay una cuestión de igualdad, sostienen los afectados. La responsable del Área de Familia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Luisa Notario, lo aclara: "La instrucción nos ha causado mucha alegría, por supuestísimo, porque a estos niños y niñas se les va a poder inscribir". "Pero no podemos dejar de señalar que hay una situación de agravio comparativo con las parejas heterosexuales. A ellas no se les cuestiona cómo han tenido el hijo, no se les pide que presenten una resolución judicial. Se da por hecho que la mujer es la madre, y se los inscribe sin más", añade. Por eso la FELGTB -y padres como José- creen que debería haberse pedido otro documento, como la transcripción literal de filiación. Pero la solución pergeñada por Justicia rechaza expresamente este tipo de documentos. "Solo con la resolución judicial tenemos la garantía de que la mujer ha sido escuchada y sus derechos respetados", insiste María Ángeles Alcalá.
Luisa Notario coincide en que la situación de las mujeres que se prestan a gestar un niño que va a ser para otros en Estados Unidos es especial. "Son de renta per cápita media alta. En Rusia o India pertenecen a capas sociales bajas, y ahí es más fácil que lo hagan coaccionadas o como una opción más para ganar dinero", lo que "en el fondo no es muy distinto de lo que sucede aquí con las jóvenes que se someten a una hiperestimulación ovárica para donar óvulos", dice.
Pero mientras unos critican la solución por tibia, otros creen que es un exceso. Nada más saberse que iba a haber una instrucción, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que explique cómo piensa regular la inscripción en el Registro de los bebés nacidos en el extranjero mediante una práctica que en España es ilegal. "Antes se inscribía a la madre biológica, y figuraba como madre
; ahora, sin cobertura legal" se podrá inscribir a la pareja que "alquila el vientre" como progenitora. "Esto debe explicarse", aseguró.
Alcalá cree que el debate no tiene sentido. "No enjuiciamos lo que se hace fuera; lo que no podíamos era tener a los niños sin inscribir", dice.
El hecho es que, desde 1988, la ley de reproducción asistida declara nulos los posibles contratos entre una persona -sea hombre o mujer, pareja o no- y una mujer para que esta lleve a cabo un embarazo a cambio de dinero y el compromiso de entregar el hijo. "Pero en las últimas modificaciones de la ley [en 2003, con el PP, y 2004, con el PSOE] ese artículo no se debatió. La discusión estaba centrada en otros puntos", explica la diputada autonómica en Madrid Inés Sabanés, de IU. Sabanés, que se ha caracterizado por su apoyo a los movimientos de gais, lesbianas y transexuales, afirma que su coalición "no ha apostado claramente por la gestación subrogada", pero cree que "los avances en las técnicas de fecundación asistida" pueden obligar a "volver sobre el debate". Eso sí, siempre manifestando su apoyo "a una instrucción como esta, que soluciona la situación de unos niños. Porque lo que está claro es que en este tema la realidad va por delante de las leyes", apunta.
Notario, a título personal, va más allá. "¿Por qué no se puede legalizar esto? La sociedad es muy paternalista hacia nosotras, las mujeres. Si es una decisión propia y libre, debería ser legal". La representante de la FELGTB insiste en que esta no es una postura del colectivo. "A nosotros nos toca reivindicar que se solucione la situación de los niños; en la regulación de la subrogación no entramos, no es un movimiento que debamos liderar nosotros", argumenta. Una postura, por cierto, que choca frontalmente con la minoritaria Colegas, otra asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, que apuesta claramente por la legalización de la gestación subrogada para acabar con el contrasentido de que sea legal tener hijos así en el extranjero y no se pueda hacer en España.
También una histórica del movimiento feminista como Empar Pineda cree que es una práctica que "tiene que regularse aquí para acabar con situaciones de discriminación". "No podemos cerrar los ojos a una realidad", dice. Se refiere Pineda cuando habla de discriminación a que, de todas las parejas o individuos con problemas para tener hijos, de momento solo las más pudientes pueden acudir a Estados Unidos a formalizar un contrato de gestación sustitutoria. Por ejemplo, Ricardo e Iván, una pareja de Sevilla que ha contado su caso, calcula que el proceso les costó más de 60.000 euros, incluyendo los viajes a Estados Unidos, la estancia y la atención médica de la gestante de su hijo.
Pineda recuerda que hace 30 años, cuando se empezó a hablar de técnicas de reproducción asistida, fueron las feministas quienes más se opusieron a ellas. "Había un rechazo frontal a que las nuevas tecnologías participaran en algo tan propio de las mujeres como la gestación y el parto". La situación ha evolucionado "cuando aprendimos a que no existe la mujer única, sino que somos muchas y muy distintas", dice Pineda. Por eso ella cree que lo que hay que hacer es "escuchar a las que se prestan a ser madres por sustitución".
Manuel y Marcos, una pareja de Sevilla que lleva 26 años junta, admite que hay debate, peor para ellos solo hay una prioridad: inscribir a su hijo de año y medio. Ellos han vivido el mismo proceso que el resto: viaje a Los Ángeles, gestación, nacimiento, intento de registrar al niño en el consulado, denegación por parte de este, y recurso ante la Dirección General de Registros.
Los hombres -49 años Manuel, 42 Marcos- cuentan que en cuanto se enteraron de que había esta posibilidad para ser padres volaron a Los Ángeles. "No queríamos pensar que habíamos explotado a una mujer". La vista les dejó tranquilos: "Son mujeres que ya han sido madres, que tienen trabajo, una estabilidad. Para ellas lo económico no es un problema. Podían ganar más en cualquier trabajo", dicen. Por eso ahora tienen la conciencia tranquila. Vamos, que si duermen mal no es por remordimientos, sino porque su hijo está siempre pidiéndoles atención.
![Los políticos españoles no se ponen de acuerdo sobre la inscripción de hijos de madres de alquiler.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OJIJXG7HYFWVHZMDUHS7IWSIDA.jpg?auth=852955d22b81ed67106b9d4babfb1d9c195a68bc61de068735139111de0e5200&width=414)
Un proceso garantista
La instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado del 7 de octubre establece los requisitos para que la resolución judicial del país donde se ha llevado a cabo la gestación subrogada sea aceptada para inscribir a los niños en España. Entre ellos:
- "Que se hubiesen garantizado los derechos procesales de las partes, en particular, de la madre gestante".
- "Que no se haya producido una vulneración del interés superior del menor y de los derechos de la madre gestante". Sobre todo "que el consentimiento de esta última se haya obtenido de forma libre y voluntaria" y que tenga "capacidad natural suficiente".
- "Que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados son irrevocables, o bien, si estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad conforme a la legislación extranjera aplicable, que este hubiera transcurrido".
- No se admitirá "como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del nacido una certificación registral extranjera o la simple declaración, acompañada de certificación médica [...] en la que no conste la identidad de la madre gestante".
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