Mandar

El peligro de la democracia no está en la ausencia de liderazgo como dicen los que no quieren ver que tampoco andamos sobrados de Mozarts ni Shakespeares. Los medios de comunicación amenazan con vendernos a cualquier arribista para encubrir su propia culpa por invitarnos cada día a confundir popularidad con importancia. Temo que es más dañina la sensación de que los elegidos para mandar no mandan tanto. Esta semana las llamadas telecos o grandes empresas de telecomunicaciones han pagado la tasa impuesta por el Gobierno para financiar RTVE correspondiente a los dos primeros trimestres del año. Lo hacen con la confianza de que los dictámenes de Bruselas son favorables a sus intereses y pronto se anulará la tasa y se les reembolsará el dinero.

Tanto Francia como España se enfrentan a un varapalo comunitario sobre la nueva financiación de la televisión pública después de que los franceses anunciaran la supresión de la publicidad y en el caso español lo pusieran en práctica desde enero. Nadie sabe si el Gobierno español es de natural más veloz, podría ser, o es que tenía más prisa por favorecer a las cadenas privadas, que ahora se reparten un pastel mayor y han tenido el detalle de subir las tarifas que cobran a los anunciantes. A estas alturas dar marcha atrás y volver a incluir publicidad en Televisión Española sería como volver a prohibir el divorcio, así que las opciones son pocas. Sorprende la incapacidad de dos países para lidiar en las esferas comunitarias.

Las telecos acusan a los Gobiernos de querer cambiar las reglas a mitad de partido, manida frasecita. Que les pregunten a los funcionarios, a los jubilados y a los contribuyentes por lo que significa cambiar las reglas a mitad de partido. A unos se les ajusta la cotización, a otros se les aumentan los años laborales y a otros directamente se les recorta el sueldo.

Ningún comisario va a salir en su defensa ni llamará injustas e ilegales las nuevas normas. Será quizá que las telecos tienen mucho más poder en los organismos legislativos comunitarios que los propios ciudadanos. En época de crisis, estos son los detalles que acrecientan la sospecha de que los intereses de la gente sin logotipo están menos salvaguardados que los de las multinacionales más boyantes.