El fiscal no aprecia prevaricación en la recalificación de Lezama

La Fiscalía de Vizcaya no aprecia un delito de prevaricación en la operación urbanística de Lezama, una recalificación de terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia, que se realizó ocho meses después de sus parientes firmasen un acuerdo con dos constructoras para cobrar seis millones de euros por ese suelo. La investigación, abierta de oficio en marzo pasado tras las informaciones publicadas por EL PAÍS, concluye que la alcaldesa no intervino en la compraventa y que la aprobación con su voto de acuerdos sobre los terrenos "nunca fue determinante", dado que el PNV tiene ocho de los 11 concejales y, por tanto, se hubiesen aprobado de cualquier forma.

La operación urbanística investigada se conoció por un auto de un juzgado de Bilbao, del 2 de julio de 2009, debido al litigio entre los familiares de la alcaldesa propietarios del suelo (su padre, una tía y cuatro primos) y dos constructoras. Ambas partes firmaron en febrero de 2007 la venta del solar de Txupetxa, entonces clasificado como urbano, pero calificado como inundable, lo que impedía cualquier uso residencial, para construir 52 viviendas por seis millones de euros.

En octubre de ese mismo año, el Ayuntamiento aprobó recalificarlo como urbanizable. Sin embargo, las constructoras exigieron renegociarlo y se pactó la compraventa por 5,5 millones, de los que los Etxeandia han cobrado 2,2 millones. El acuerdo volvió a complicarse el pasado año, cuando el Tribunal Superior anuló todo el plan urbanístico de Lezama, incluyendo dicho solar, por lo que las constructoras renunciaron al proyecto y pidieron la devolución de tres millones.

Tras su investigación y las declaraciones de la alcaldesa y las constructoras, el fiscal concluye que aquella no intervino en la operación. Cuando se destapó el caso, fuentes de las constructoras aseguraron a este diario que negociaron con representantes de Alaitz Etxeandia, pero que ésta "les daba las directrices sobre el 50%", la mitad de los 5.405 metros cuadrados de la familia que son de su padre. Otras fuentes señalaron que se mantuvieron reuniones con Etxeandia en las oficinas municipales.

El Ministerio Público señala que las votaciones de la alcaldesa -apoyó tres veces la aprobación de partidas por más de 40.000 euros para impulsar el proyecto de pisos en Txupetxa- no resultan determinantes, dada la mayoría municipal del PNV y que la exigencia de abstenerse "debe producirse cuando afecte de modo más específico al terreno donde el concejal en cuestión tenga intereses particulares". "No consta que la alcaldesa haya votado acuerdo alguno o dictado resolución concreta refererida de manera específica a Txupetxa", concluye.