Un error burocrático paraliza las obras de la sede judicial de Ourense

La Xunta amenaza con aprovechar un error en un trámite burocrático del Gobierno local de Ourense para dejar a la ciudad sin el nuevo edificio judicial para el que había comprometido una inversión de 15 millones de euros. Así se deduce de las declaraciones realizadas ayer por el candidato del PP a la alcaldía, Rosendo Fernández, quien, tras conocer una sentencia que obliga al Ayuntamiento a notificar a más cotitulares de una parcela el proceso de expropiación, advirtió de que el bipartito ourensano "impide que la Xunta invierta en Ourense".

La concejal de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, anunció que el Gobierno local recurrirá la sentencia al Tribunal Superior de Xustiza y aseguró que, mientras tanto, "no hay excusas para dejar de invertir" en esta obra. Soto destacó que el edificio tiene licencia municipal y ese permiso "es firme".

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