El Gobierno rechaza imponer más control sobre las cuentas autonómicas

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, criticó el martes a comunidades y ayuntamientos por no hacer todo lo posible para reducir el déficit público y planteó que el Gobierno central les imponga un límite de gasto. El Ejecutivo y responsables autonómicos de distintos partidos políticos coincidieron ayer en llevarle la contraria. El Gobierno señala que todas las Administraciones públicas son corresponsables en la política de austeridad, mientras que algunas comunidades insisten en que la culpa del déficit no es suya.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega apeló a la responsabilidad de las comunidades para controlar su gasto. "El cumplimiento de los objetivos de déficit depende de todos", señaló. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, dijo en Onda Cero estar convencida de que las comunidades y los ayuntamientos cumplirán en 2011 con el objetivo de déficit del 6% del PIB para todas las Administraciones públicas. Por ello no es necesario que el Estado imponga más controles.

De la Vega: "Cumplir el objetivo de déficit es responsabilidad de todos"

Solo el consejero de Madrid defiende el rigor que pide Fernández Ordóñez

En la misma dirección apuntó el secretario de Estado de Economía. José Manuel Campa considera que el debate sobre los incumplimientos de las comunidades en la reducción del déficit "no tiene mucho sentido". El número dos de Economía aseguró que las autonomías han de cumplir la senda de consolidación fiscal comprometida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que para ello tendrán que trabajar "como crean que es prioritario para conseguir ese objetivo".

Con más virulencia reaccionaron algunos representantes autonómicos. El presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, pidió a Fernández Ordóñez más respeto por los Gobiernos de las comunidades. "La Junta y todas las comunidades tenemos un enorme respeto y confianza en el gobernador del Banco de España. Y creo que él debería tener también respeto y confianza en ellas", dijo en tono grave. Griñán emplazó a Fernández Ordóñez a dirigirse a las Cortes Generales, porque en ellas reside la competencia para legislar sobre la prestación de derechos fundamentales que se prestan a través de las comunidades, informa Diego Narváez.

Las tesis de Fernández Ordóñez despertaron especial resquemor en Cataluña. El consejero de Innovación y Empresa, Josep Huguet, adscrito a ERC, opina que el gobernador está en su "habitual línea centralista" y calificó de "injusticia" que se meta en el mismo en el mismo saco a todas las autonomías, informa Miquel Noguer. "Nuestra disposición a la colaboración es total", dijeron fuentes del departamento de Economía catalán, que, sin embargo, recordaron que del déficit total del Estado, el grueso corresponde a la Administración central.

El vicepresidente valenciano, Gerardo Camps (del PP), resaltó que "no son las comunidades las que ponen en riesgo la estabilidad presupuestaria".

La Comunidad de Madrid, del PP, es de las pocas Administraciones que salieron a defender a Fernández Ordóñez. El consejero de Economía, Antonio Beteta, coincidió en que es necesario reducir el gasto público autonómico y defendió redefinir las competencias de las distintas Administraciones. "Habría que prohibir por ley que ninguna administración pudiera salirse de las competencias que le son propias", señaló. Su jefa, la presidenta Esperanza Aguirre, se mostró dispuesta a ofrecer al Gobierno o al Banco de España "cualquier tipo" de estado contable de la Comunidad para ganar en transparencia después de que Fernández Ordóñez calificara de "muy poco transparentes" a las comunidades.