Montes renunció a la relección porque sabía que carecía de opciones

Euskadi conocerá mañana el nombre de su nuevo fiscal superior, cargo para el que su actual titual, María Ángeles Montes, decidió no aspirar a la reelección porque conocía que tenía nulas posibilidades para ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, propondrá el nombre de su sucesor, previa consulta no vinculante al Consejo Fiscal. Pugnan por el puesto el responsable del Ministerio Público en La Rioja, Juan Calparsoro, y su homólogo en Álava, Josu Izaguirre. Ambos garantizan un relevo aperturista y un perfil menos conservador.

Aunque conformó terna inicialmente con Calparsoro e Izaguirre, Montes despejó la semana pasada el horizonte al retirar su candidatura. Argumentó "motivos personales" y la necesidad de un "cambio de ciclo", pero sabía que sus opciones de repetir en el cargo eran nulas, después de 13 años consecutivos al frente del Ministerio Público en la comunidad autónoma y ante su primera convocatoria con rivales. A las dos precedentes se presentó en solitario.

Los asuntos pendientes resultarán básicos en la designación

En el marco de una estructura jerárquica, la todavía fiscal superior se ha caracterizado por una gestión eficaz y obediente incluso en casos que en ocasiones han chocado con su propio parecer. Así se explica, entre otros, su cambio de postura en el proceso contra el ex presidente del Parlamento Juan María Atutxa en el caso del grupo heredero de Batasuna. Montes le exculpó finalmente pese a haber dado inicio a la causa.

Más allá de méritos profesionales, la decisión de Conde-Pumpido se fundamenta en la confianza personal y no es Montes, según fuentes del ámbito judicial, quien más se la ofrece.

Calparsoro e Izaguirre quedan en liza, dos candidatos de distinto perfil, aunque no antagónicos. Durante una década llegaron a compartir despacho en la Audiencia de Guipúzcoa. El primero está afiliado a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), aunque mantiene buenas relaciones con otros círculos ideológicos. El segundo, a la conservadora Asociación de Fiscales, si bien rechaza ajustarse a ese calificativo.

Si la designación dependiera de votos, como ocurre en el caso de los jueces, Izaguirre partiría como favorito, ya que su asociación dispone del doble de vocales en el Consejo Fiscal. La función de este órgano, sin embargo, es solo consultiva. La decisión recaerá en el fiscal general del Estado. En un contexto de igualdad Calparsoro se erige como el candidato de mayor peso, al ejercer como fiscal superior autonómico y no como fiscal jefe territorial. Cuenta además con cinco años más de experiencia en la carrera que Izaguirre, si bien ya lleva seis lejos de Euskadi.

Izaguirre es más mediático y ha llevado investigaciones contra cargos políticos, la última, el caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción que afecta al PNV alavés. Esta labor no le ha granjeado excesivas simpatías en la formación nacionalista, lo que, según las fuentes judiciales consultadas, puede jugar en su contra.

La otra cuestión que se antoja clave en la balanza de la elección es el tiempo que a uno y otro les resta de mandato. Calparsoro fue reelegido hace sólo un año como fiscal superior de La Rioja, aunque no mantiene abiertos procesos de especial trascendencia y su relevo se prevé sencillo en una comunidad autónoma que resulta "cómoda" para los representantes del Ministerio Público, según las fuentes consultadas. Izaguirre, por su parte, suma ya cuatro años como fiscal jefe de Álava y sólo le queda uno en el cargo. Dirige asuntos cuyo control podría conservar desde la Fiscalía Superior vasca.