La juez imputa por delito ecológico a una constructora

La principal constructora de los 197 chalés previstos en un solar contaminado de Derio ha sido imputada por un delito contra el medio ambiente. El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao ha abierto una investigación contra la empresa Arco Atlántico, que gestiona 100 chalés en la denominada zona de Rementeriñe, tras la denuncia presentada hace menos de un mes por dos de los compradores de chalés.

En esa demanda se culpaba a la constructora de ejecutar la urbanización, que está prácticamente concluida, y construir "en suelo contaminado sin los preceptivos permisos de la autoridad medioambiental sin haber realizado previamente la descontaminación del suelo". El Departamento de Medio Ambient ha certificado la infracción de la Ley de Prevención de Contamianción, en vigor desde 2005, al sancionarle por una falta grave el pasado 6 de julio.

El juzgado pide al Gobierno la orden por la que sancionó a Arco Atlántico

La orden, firmada por la consejera Pilar Unzalu, sanciona tanto a Arco Atlántico como el resto de promotores -otra constructora, Proyectos Eraikin; la sociedad pñublica Visesa y media docena de particulares- al constatar que, "sin lugar a dudas", se ejecutaron las obras de los chalés "sin obtener la preceptiva declaración de calidad del suelo cuando la misma era exigible". La multa es la mínima para delitos graves, para los que se prevén sanciones de 24.000 a 240.000 euros, al considerar que no hay evidencias de daño al medio ambente ni a la salud humana ni acreditarse que los promotores han logrado beneficios económicos con esta infracción.

En el auto del Juzgado de Instruccion 8 que abre la investigación, dictado el pasado martes, se acuerdan ya diligencias concretas, como la petición a Medio Ambiente de esa orden con la sanción. Además, la juez reclama el informe pericial realizado durante la instrucción del expediente sancionador, y un informe de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno, que certificaba la infracción de la ley y que los promotores eran "plenamente conscientes" desde marzo de 2007 de que se debía haber saneado previamente el suelo.

La juez no realiza ninguna referencia (de archivo o de imputación) al alcalde de Derio, el peneuvista Lander Aiarza, ni al arquitecto municipal. Ambos figuraban en la demanda de los compradores. El abogado de estos afirmó que se trata de una omisión en el auto y pidió ayer mismo que se incluya al regidor y el técnico del consistorio.