Desbloqueo

El Partido Popular se ha avenido a retirar la polémica candidatura de Enrique López a una de las plazas de magistrado del Tribunal Constitucional por designación del Senado, y a sustituirla por la del catedrático de Derecho del Trabajo Francisco Pérez de los Cobos. El sustituto de López cumple todos los requisitos legales para el cargo, no encuentra rechazo por parte del resto de fuerzas políticas y tiene un perfil profesional sólido y ajustado a sus nuevas funciones. Es un reconocido especialista en derecho laboral, una cualidad valiosa en una institución que debe dirimir cuestiones que tocan todas las ramas del derecho.

El Senado podrá designar inmediatamente a sus cuatro magistrados del TC (dos propuestos por el PSOE y otros dos por el PP, a instancias de las comunidades autónomas) que sustituirán a los que cumplieron mandato en diciembre de 2007 y que desde entonces están en prórroga de funciones. Se despeja así una situación que amenazaba con contaminar (bloqueándola también) la renovación en noviembre próximo de los cuatro magistrados del TC designados por el Congreso, lo que habría llevado al tribunal a una situación límite.

El PP no renuncia, en cambio, a presentar la candidatura de López en el Congreso. Rajoy espera que el insuperable obstáculo encontrado por López en el Senado -no cumplir la exigencia legal de 15 años como juez en activo- deje de serlo en el congreso, si el TC acepta el recurso interpuesto contra el rechazo de su candidatura en la Cámara alta. ¿Tendría entonces que esperar la renovación de los magistrados correspondientes al Congreso a una decisión que no afecta a esta institución sino al Senado? De ser así, se traslada el problema a otro escenario y el PP sigue practicando el mismo juego: poner las instituciones al servicio de sus intereses partidistas o compromisos particulares.

El principal partido de la oposición puede estar agradecido a López, como a Hernando, su otro candidato a magistrado del TC por el Senado, por haber secundado desde el anterior Consejo del Poder Judicial su estrategia contra las leyes sociales del primer Gobierno de Zapatero. También a sus tomas de posición críticas sobre asuntos que hoy están pendientes de recurso en el TC, como la ley de matrimonio homosexual. Pero no es pensable que su insistencia en llevar a López al Constitucional sea en agradecimiento a esos favores.