La fiscalía archiva el segundo delito por el 'ferry' al desdecirse la naviera
El director de P&O declara ahora que los bonos dejaron de utilizarse en 2000
La fiscalía ha vuelto a archivar la segunda investigación abierta por el caso de los bonos del ferry, la pérdida de 9,7 millones de euros sufrida por las arcas de la Diputación vizcaína al desaparecer 35.707 billetes del transbordador entre Bilbao y Portsmouth. El archivo se decretó el pasado día 17, tras desdecirse de su anterior declaración el director de la naviera británica P&O, Christopher Davey.
Este directivo testificó antes del verano ante la fiscalía que los bonos se siguieron entregando hasta el 26 de abril de 2004 -incluso los presentó físicamente ante la fiscal-, lo que se contradecía con un certificado de una alto cargo del departamento foral de Transportes, quien afirmó que no existían bonos desde 2000, cuando el área pasa de manos del PSE al PNV. Y añadió que desde ese año la entrega de los billetes se realizaba con una firma entre el director de Transportes y el solicitante.
Davey sostiene que los bonos aportados hasta 2004 eran un duplicado interno
Esta contradicción llevó a la fiscal a abrir en mayo otra investigación, nada más archivar la iniciada en noviembre sobre una supuesta malversación de caudales públicos. Con esas nuevas diligencias se pretendía indagaba un supusto delito de falsedad de la alto cargo foral.
El directivo de la naviera también declaró el pasado 14 de julio ante la comisión de investigación de las Juntas Generales que aborda este caso y aportó los mismos datos: que había bonos hasta 2004 y que existían físicamente. Sin embargo, tras difundirse estos datos, los más relevantes de los conocidos en la comisión de las Juntas, declaró en septiembre ante la fiscalía y varió su testimonio. Davey dijo entonces que se varió el sistema, aunque no recordaba si se produjo en 1999, 2000 o 2001, según las fuentes consultadas. Y justificó los bonos aportados hasta 2004 en que se trataba de un duplicado de la naviera para tener un control interno.
El directivo insistió a la fiscalía en que esos bonos que tenía la naviera no fueron entregados ni por la Diputación ni por los beneficiarios de los billetes.
Los controvertidos bonos derivan de un acuerdo cerrado en 1995 entre la Diputación y la naviera, que permitió a esta cobrar una ayuda pública de 5,9 millones de euros. La UE la declaró ilegal y, tras la sentencia de un juzgado, cada parte tuvo que devolverse bonos y dinero: 13 millones de P&O a la Diputación, que debió pagar a la empresa 3,2 millones por los 10.735 billetes usados hasta 2003. Al no hallarse los 35.707 restantes, abonó otros 9,7 millones más.
Pese a archivar el caso, la fiscalía ha censurado la "impropia" falta de custodia de la Diputación y que de los billetes se beneficiaran abogados o un rally de coches.
Ante la comisión
El director de la naviera expondrá su reciente declaración ante la fiscalía también ante la comisión de investigación de las Juntas Generales para igualmente desdecirse de su testimonio del pasado 15 de julio. Será el próximo 7 de octubre, tras el parón en la actividad de la comisión durante esta semana debido al pleno de política general de Vizcaya, celebrado el pasado martes.
La vuelta de Christopher Davey a las Juntas se conoció el pasado 23 de septiembre, en la sesión en la que comparecieron la actual diputada de Transportes y su antecesora. La petición de volver a declarar hecha por Davey ya hacía sospechar que cambiaría lo afirmado hasta ahora.
La comisión mantendrá una nueva sesión el día 14 y concluirá en la semana del 18 al 22 de octubre con la comparecencia de dos de sus miembros: Carlos Olazábal, del PP, y José Ferrera, de EB. Luego, si no hay cambios, comenzará la deliberación interna.
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