Exceso de partidismo

El Partido Popular ha tomado como pretexto el rechazo a su candidato Enrique López, por incumplir la exigencia legal de llevar 15 años de juez en activo, para insistir en su boicoteo a la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional correspondientes al Senado. En diciembre hará tres años que se arrastra esa situación que, de no corregirse de inmediato, se solapará con el fin del mandato en noviembre de los cuatro magistrados que designa el Congreso. La situación que se produzca entonces podría poner al tribunal en serias dificultades para ejercer las funciones que tiene encomendadas.

Si se mantiene el boicoteo a la renovación de magistrados por designación del Senado surgirían dificultades para alcanzar un acuerdo para la renovación de los cuatro designados por el Congreso. Habría entonces un Tribunal Constitucional cuya mayoría estaría formada por magistrados en prórroga de funciones, una situación excepcional que, por más legal que sea, restaría solvencia y credibilidad a sus decisiones. El boicoteo ya ha producido un daño: haber trastocado el diseño pergeñado por la Constitución para el acceso al tribunal de sus magistrados, que establece que "serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". La renovación de los magistrados designados por el Senado y el Congreso llegará a ser, en el mejor de los casos, casi simultánea, con lo que esa previsión constitucional dejará de cumplirse.

Queda todavía la esperanza de que el sentido de responsabilidad se imponga y que los intereses partidistas no primen sobre los compromisos institucionales. El aplazamiento durante una semana, a petición del PP, de la reunión de la Comisión de Nombramientos del Senado hace pensar que la decisión no está tomada y que el sector más integrista y ultramontano del partido, especialmente interesado en que no se renueve el Constitucional por considerar que su actual composición favorece su pretensión de abolir la ley del aborto, no ha ganado la partida.

Que el tercio de magistrados del Senado lleve casi tres años cesado y en prórroga de funciones no es responsabilidad del tribunal. Pero si la situación se agravara podría hacer inevitable algún tipo de reacción o toma de posición de sus miembros. La prórroga de funciones, prevista en la ley hasta el momento en que tomen posesión los nuevos magistrados, no puede perpetuarse a voluntad de las fuerzas mayoritarias que dominan el Congreso y el Senado. Un Constitucional formado mayoritariamente por magistrados en esa situación plantearía dudas sobre la legitimidad de ejercicio en su actividad jurisdiccional. De la responsabilidad de todos, y en especial del PP, depende que no se llegue a esa situación: habría motivos para que los magistrados afectados presentaran su renuncia, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del TC. Por dignidad personal y por el respeto debido a su función.