Fabra tratará hoy de rebatir ante el juez las acusaciones de delito fiscal

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está llamado a declarar hoy ante el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, quien halló "indicios racionales de criminalidad" tras una investigación que ha durado más de seis años y que concluyó con las imputaciones al dirigente del PP por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. En su comparecencia, la tercera ante el juzgado de Nules, Carlos Fabra tratará de rebatir hoy la imputación por la presunta comisión de cinco delitos fiscales, que elevan a 15 los años de cárcel solicitados por la fiscalía. En su primera declaración ante el juez, el presidente de la Diputación ya negó el cohecho y el tráfico de influencias.

Fabra acude al juzgado en la que será su primera comparecencia pública desde marzo, días antes de ser sometido a un trasplante de hígado. Por ello no se presentó en el juzgado en el mes de mayo, cuando fue citado para preguntarle por las conclusiones obtenidas por los peritos que analizaron sus cuentas, declaraciones de renta y patrimonio desde 1999 a 2004. Tras el análisis, estos aseguraron que Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, sumaron, durante los años estudiados, un total de 3,6 millones de euros de "ganancias no justificadas" y que habían dejado de declarar 1,7 millones al fisco.

El presidente de la Diputación de Castellón acude hoy al juzgado a petición propia. Meses después de ser intervenido manifestó su predisposición a ser interrogado y el juez atendió su solicitud. Así, esta será la primera vez que el dirigente del PP hablará de sus ingresos ante el juez, ya que en la segunda ocasión que acudió al juzgado, se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto.

La solicitud de Carlos Fabra atendida por el juez ha supuesto cierto retraso en la decisión de sentar o no al presidente del PP de Castellón en el banquillo. El juez Pin dio por concluidas las diligencias tras recibir el informe de los peritos y tomar declaración a Fernández, quien señaló al propio Fabra como responsable de la administración y control de las cuentas. Sin embargo, antes de tomar la decisión de iniciar el procesamiento, optó por atender al imputado. De seguir la misma estrategia que hasta ahora, Carlos Fabra solo responderá a las preguntas de su abogado y, en todo caso, a las del juez.

Los principales argumentos esgrimidos por Fabra hasta hoy son dos. Por una parte, se sostiene en la posible prescripción de los delitos fiscales. Por otra, expondrá las bases del informe redactado por un perito contratado por él, que atribuye los ingresos considerados como no justificados a movimientos realizados entre las propias cuentas del presidente de la Diputación. En cualquier caso, dicho informe solo hace referencia al año 1999 y no aclara el origen de otros 1,5 millones de ingresos no declarados entre 2000 y 2004 destapados por los peritos e imputables solo a Fabra, ya que a su entonces esposa le imputan otros 1,3 millones durante los mismos años.

Aún así, desde el momento en el que la Agencia presentó, en 2005, su denuncia por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999 (en la que ya se hablaba de ingresos no justificados y un incremento patrimonial que no se correspondía con sus ganancias declaradas), Fabra aseguró, públicamente, no haber defraudado nunca a la Hacienda pública.