Encuestas embrujadas

El cese de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), malamente disfrazado de decisión por mutuo acuerdo entre las partes, ejemplifica las dificultades de convivencia entre los profesionales del poder y los expertos a sus órdenes. No hay el menor indicio de que la destitución de Belén Barreiro a iniciativa de María Teresa Fernández de la Vega haya sido debida a lo que en la empresa privada se denomina causa justificada (absentismo en el trabajo, falta de competencia o graves incumplimientos de sus deberes). La retirada de la confianza del superior como única explicación del cese se remite a un desencuentro carente de transparencia que acarrea para el subordinado no solo la pérdida del puesto de trabajo en el Estado sino también una mancha sobre su currículum de experto en la sociedad civil.

El abrupto cese de la presidenta del CIS habla a favor de su designación por el Parlamento

La dedicación sin solución de continuidad a la actividad política, sea en el Gobierno o en la oposición, lo mismo para un zurcido que para un fregado, hace olvidar a los profesionales del poder los saberes prácticos aprendidos fuera de las murallas del Estado, transformándoles en especialistas de la generalidad supuestamente capacitados para opinar sobre lo divino o lo humano y para imponer su criterio por encima de los dictámenes técnicos. Cualquier crítica a sus decisiones será vivida como una ofensa personal o como una conjura desestabilizadora sancionable con el cese del subordinado, a menos que una autoridad situada más arriba impida esa arbitraria decisión.

El artículo 103 de la Constitución establece que el acceso a la función pública depende de los principios de mérito y capacidad; las leyes fijan los derechos de los funcionarios y las garantías para asegurar su imparcialidad. Pero los altos cargos de la Administración habitan un mundo diferente: si su nombramiento es de libre designación, su sustitución obedece a la misma lógica de la voluntad incondicionada de su superior, salvo aquellos casos excepcionales en que -como los nombramientos de origen parlamentario- la remoción solo puede producirse por estrictas causas tasadas.

El CIS es un organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno con el rango administrativo de la Dirección General de un Ministerio. La ley 39/1995 adoptó medidas para garantizar la plena transparencia de sus trabajos científicos y reforzar su vinculación a las Cortes Generales. El titular de la presidencia del centro es nombrado y separado por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, la singularidad de las actividades del CIS, en especial de sus prestigiadas encuestas sobre intención de voto y valoración de partidos y de líderes, justificaría la cautela de que la designación y la remoción fuesen responsabilidad del Parlamento. No basta con que el Gobierno sea virtuoso: además debe disipar cualquier apariencia de falta de imparcialidad.

Los sondeos han dejado de ser una mera información orientadora sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos para convertirse en un arma al servicio de la competición electoral entre partidos rivales o de la solución de conflictos internos en el seno de las organizaciones (como ha ocurrido con el fracasado intento de disuadir a Tomás Gómez para que retirase su candidatura a la presidencia de la Comunidad madrileña). Los políticos prestan una atención obsesiva a los sondeos, atribuyéndoles la capacidad mágica de promover su triunfo cuando les son favorables o de causar su derrota si les resultan perjudiciales; de ahí, a forzar el signo de las embrujadas encuestas por cualquier medio (falseando incluso los resultados auténticos) solo hay un fraudulento paso.

Philip Pettit, catedrático en Princeton, realizó al final de la pasada legislatura un balance de los primeros años de Gobierno socialista para comprobar el grado de cumplimiento de la promesa electoral realizadas en 2004 por Zapatero de ajustar su gestión de poder a los valores del republicanismo cívico. Uno de los apartados del informe pregunta: "¿Cómo y con qué alcance ha trabajado en la protección de los ciudadanos contra el peligro de su propio poder público?, ¿ha hecho algo este Gobierno para mejorar la estructura por medio de la cual su propia actividad adquiere un perfil de no dominación?".

Si esa auditoría política se repitiera al concluir la segunda legislatura de Zapatero, Pettit podría entonces analizar si el nombramiento y destitución por el Consejo de Ministros del presidente del CIS (una institución altamente relevante para el proceso electoral) ayuda o perjudica los objetivos de la tradición republicana y cívica.