Anticorrupción se opone a que Boadilla asuma una deuda de Correa

La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera.

La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI. La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira.

El Consistorio intenta recuperar el uso de 33 locales comerciales

Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.

Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.

Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon.

El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel.

Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio.