Si el Watergate hubiera ocurrido en Álava

¿Se imagina que el escándalo del Watergate, aquel que en 1974 costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon, en lugar de en Washington hubiera ocurrido en Álava?

Pues si hubiera sido así, los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, que investigaron y revelaron al mundo el espionaje a que estaba sometido el partido demócrata por parte de la Casa Blanca, habrían sido imputados por revelación de secretos, delito castigado con penas de uno a tres años de cárcel.

El caso es que en Álava no ha ocurrido el Watergate, sino el Vitoriagate, una oscura trama de espionaje político en el que al menos dos ertzainas, vinculados con la unidad antiterrorista, recababan y transmitían información al dirigente del PNV Aitor Telleria, ex director de la empresa pública CEIA (Centro de Empresas e Innovación de Álava) de las actividades y movimientos de sus oponentes políticos y de empresarios. Los datos han sido descubiertos en el ordenador de Telleria.

Este Vitoriagate abarca el espionaje a personalidades socialistas y populares, pero está relacionado con el caso De Miguel, un asunto de corrupción destapado el pasado mes de marzo, en el que están imputados una docena de miembros del PNV por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho (soborno), entre otros.

El asunto se ha convertido ya en el mayor escándalo político ocurrido en Euskadi desde que en los años ochenta se descubrió una trama del PNV para espiar al lehendakari Carlos Garaikoetxea, que era miembro de ese partido.

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, apartó inicialmente del servicio y expedientó a los dos presuntos espías, pero ¡atentos!, un mes después ya están de nuevo en sus puestos. Quizá animados por ello, estos émulos de 007 y Telleria han presentado sendas denuncias contra ocho periodistas -tres de ellos de EL PAÍS- por revelación de secretos, ya que suponen que las noticias que han publicado se basan en datos del sumario abierto contra ellos y que está expresamente declarado secreto. Ya ve, lector, el mundo al revés, como si las gallinas persiguieran a la zorra, los investigados por espionaje acosando a los periodistas.

Y, cosas que ocurren en Álava, una juez, Ana Jesús Zulueta, ha admitido a trámite las denuncias y ha citado a declarar como imputados a los ocho reporteros.

No deja de ser curioso que una magistrada de 43 años y 11 en la carrera judicial no se haya preguntado nunca por qué no hay condenas en el Supremo contra periodistas por publicar datos que vulneran el secreto del sumario, actuación cada vez más habitual, como por ejemplo con el caso Gürtel.

No hay condenas porque es un delito que no puede cometer un periodista, ya que según establece el artículo 466 del Código Penal, que castiga la revelación de datos de un sumario secreto, solo lo pueden consumar los funcionarios, el juez, el fiscal y los abogados y procuradores si hubieran tenido acceso a la causa. Se persigue al que filtra la información, pero no al que la difunde, cuando la información es veraz y está contrastada.

El fiscal ha recurrido la decisión de la juez Zulueta y ha reclamado el archivo del proceso. "Ningún extremo de la investigación llevada a cabo durante estos meses ha sido objeto de publicación", señala el fiscal, que se pregunta ¿cómo saben los ertzainas y Telleria que se ha vulnerado el secreto de la causa si ellos no tienen acceso a la misma porque está secreta?

Y agrega que las denuncias contienen "un error jurídico de bulto" ya que pretenden aplicar el delito de revelación de secreto genérico, cuando hay un delito específico de infracción del secreto del sumario, que debe ser el aplicable por el principio de especialidad. Los periodistas, concluye, no han podido cometer delito alguno.

La guinda del caso es que los ertzainas acusan a los reporteros de haber puesto en riesgo sus vidas por publicar sus iniciales. Alegan que están destinados en la unidad antiterrorista y son fácilmente identificables. El argumento podría tener su miga, si no fuera porque uno de ellos, C. L., ha colocado una foto suya en la red social Facebook, en la que posa con Alfredo de Miguel, imputado en el proceso por corrupción, y el diputado general de Álava, Xabier Agirre, durante unas fiestas. Vamos, lo normal en un policía antiterrorista.

Woodward y Bernstein habrían llorado.