Agua gratis que acaba saliendo cara

La carta, escrita a mano y sin remitente, empezaba más o menos así: "Mire usted, tengo complejo de gilipollas. Uno de mis vecinos tiene un jardín magnífico, todo verde, mientras que en el mío hay cuatro plantas secas. ¿Y eso por qué? Porque yo pago el agua y él, no". Pedro Ancillo, jefe del departamento de Fraude del Canal de Isabel II, aún se acuerda de esa carta. El señor acomplejado les indicaba, con esa campechanía, calle y número del vecino del vergel. Y allí que fueron. Los anónimos de ciudadanos agraviados son una de las principales fuentes de información de este departamento del Canal, dedicado en exclusiva a pillar a los que roban agua.

Porque enchufar una tubería a una acometida y empezar a consumir agua sin mediar contrato ni recibos es un robo, un delito, por más que algunos de los pillados no sean del todo conscientes de ello. Por si acaso, el Código Penal lo deja bien claro en su artículo 255: se llama defraudación de fluidos y se castiga con una pena de multa de tres a 12 meses. La mayoría de los enganches ilegales que investiga el Canal no llegan tan lejos, pero la vía judicial existe y se utiliza. De las 10.000 inspecciones relacionadas con fraudes de agua de los últimos cinco años, el Canal ha denunciado ante la justicia unos 400, por los que reclama más de 8,5 millones de euros.

"¿Cuánto cuesta el agua? Nada. Lo que cuesta es que salga cuando se abre el grifo". Fue la primera enseñanza que recibió Ancillo cuando entró a trabajar al Canal. Las infraestructuras, el tratamiento del agua... Todo cuesta. Por eso defiende las inspecciones: "Es nuestra obligación denunciar. Están defraudando a una empresa pública". En lo que va de año, su departamento ha hecho 3.500 inspecciones por sospecha de enganches ilegales a la red. Entre un 60% y un 70% se confirmaron como fraudes. La mayoría de las veces, fue suficiente con invitar al defraudador a contratar el servicio. En otros casos, se les abrió expediente sancionador (unos 300 euros de multa). Y en unos pocos, 62 en concreto, la cosa llegó a la vía penal.

El número 62 se produjo ayer mismo. Once de la mañana. Calle de Londres de la capital. Una patrulla del Seprona aparca junto a un edificio de viviendas en construcción. Les esperan trabajadores del Canal de Isabel II, que les entregan un dossier con reportaje fotográfico incluido y la denuncia para el juzgado. Son las pruebas del delito. Un inspector de la Unidad de Fraude del Canal ha estado investigando de dónde sale el agua con la que la constructora fabrica el cemento y abastece toda la obra. Muy sencillo. Enganchando una tubería negra a una acometida del Canal que hay en la acera, que el anterior propietario pidió condenar (bloquear con una pieza parecida a un capuchón) cuando abandonó el edificio.

Comprobarlo es fácil. Los agentes del Seprona piden a dos operarios que cierren la conexión. El agua no llega al resto del edificio, así que ese tiene que ser el punto de suministro. Además, no hay contador a la vista y al Canal no le consta que esa llave esté dada de alta. "Mire, esta es la denuncia del Canal de Isabel II de que han hecho una conexión ilegal de agua", informa uno de los agentes al responsable. "Ahora llamo al dueño", contesta este, que empieza a ponerse nervioso. Sobre todo cuando ve las fotos que ha hecho de extranjis el inspector: "Este señor se ha metido en una obra sin permiso. Esta foto está hecha desde arriba. Como no hay obras en Madrid, tienen que venir a la nuestra", va subiendo el tono de voz.

Los agentes hacen sus propias fotos, levantan acta y se marchan. Dos operarios del Canal cortan el agua. "Es que si no venimos y hacemos esto, pueden estar así otro año", dice Francisco Javier Díaz, jefe de la División de Fraude. "A veces se cabrean", añade para constatar que la reacción del responsable de esta obra, de la que sospechan que está robando agua desde noviembre de 2008, fecha de la licencia, no es algo aislado.

Los responsables de vigilar los robos de agua en el Canal hablan de todo tipo de defraudadores: obras en construcción como esta, viviendas residenciales, industrias, explotaciones agrarias y ganaderas... Han llegado a encontrar lavanderías industriales, cuya materia prima básica es el agua, que no la pagaban. O polígonos industriales enteros con enganches ilegales. Gasolineras que habían tirado dos kilómetros de tubería para alejarse del punto de suministro y no levantar sospechas. O zonas de urbanizaciones de chalés que se conectaban a la red de manera fraudulenta. "Se producen bolsas de siete u ocho chalés juntos. Es el boca oreja. Uno comenta que no paga el agua y no le han pillado, y el resto se suma", explica Ancillo.

Pero que no se confíen, previene Ancillo, que presume de dirigir el mayor departamento de la empresa: "Todo el personal del Canal es de Fraude. Los trabajadores están obligados a comunicar cualquier irregularidad". Ahora en serio, ¿cuántos empleados tiene la División de Fraude? Ancillo mira de soslayo: "Eso es información reservada", dice, misterioso. "Estamos un día en Aranjuez y al siguiente en Buitrago de Lozoya", empieza a explicarse. "Queremos que dé la sensación de que somos un montón, aunque en realidad no somos tantos".

La obra de la calle de Londres tiene que pagar los 7.500 euros que el Canal ha calculado que llevan gastados en agua. Además, el caso irá por la vía penal. "Ha habido un error. Tenemos otra acometida legal, que estamos pagando, pero un albañil, sin darse cuenta, enganchó a la otra", explicaba ayer un responsable después de que se marchara el Seprona y el Canal. "Y podemos probarlo. Lo que hemos consumido lo pagaremos. No ha sido mala fe".