Los partidos y el Estado

La semana pasada, tres diputados del Parlamento de Galicia, Pedro Puy, Xaquín Fernández Leiceaga y Anxo Quintana, representantes del PPdeG, PSdeG y BNG respectivamente, defendieron desde la tribuna del Congreso de los Diputados el traspaso de la competencia de tráfico a Galicia, una propuesta que contaba con el respaldo unánime de la Cámara gallega. Como es bien sabido, el Gobierno, contando con el apoyo del grupo parlamentario que lo sustenta y la abstención del PP, impidió, esgrimiendo muy discutibles razones, el traspaso de dicha competencia a la Xunta de Galicia. Este hecho ha suscitado una amplia reacción política y mediática que, a mi juicio, demuestra la incomprensión que todavía existe sobre la naturaleza y funcionamiento del Estado autonómico.

PSOE y PP no se han adaptado a la distribución territorial del poder que consagra la Constitución

Es cierto que, en un breve período de tiempo, España ha pasado de un Estado fuertemente centralista a ser uno de los países más descentralizados de Europa. También lo es que el Estado autonómico presenta importantes peculiaridades respecto a las fórmulas federales clásicas y, por tanto, carece de referencias comparadas precisas que faciliten su comprensión y desarrollo. Por supuesto, todo ello genera diversas e importantes disfunciones. Pero, sin duda, una de las causas del conflicto y tensión permanente que vive el Estado reside en la falta de adaptación de los grandes partidos a la distribución territorial del poder que consagra la Constitución Española.

Por esta razón hay todavía muchos ciudadanos que no comprenden lo que resulta natural en un Estado como el nuestro, esto es, que en determinadas circunstancias existen diferencias, incluso momentáneamente insolubles, entre el Gobierno y determinadas comunidades autónomas, aunque dichas instituciones estén gobernadas por la misma fuerza política. Claro que los partidos políticos -y determinados medios de comunicación- no ayudan mucho a la necesaria clarificación. En efecto, tanto el PSOE como el PP siguen teniendo una concepción uniformizadora y jerarquizada del funcionamiento de los partidos y, como consecuencia de ello, conciben a las instituciones autonómicas como simples delegaciones de la Administración central, cuando no con terminales políticas de las respectivas direcciones centrales. Y, en sentido contrario, determinadas fuerzas políticas conciben al Gobierno y al Congreso como meros receptores y obligados ejecutores de las decisiones que se toman en determinadas comunidades autónomas.

Tres ejemplos servirán, creo, para ilustrar mis afirmaciones. En un determinado momento de la anterior legislatura, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, siguiendo las directrices de la cúpula de su partido, se negaron a asistir a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Es evidente que con su actitud esos consejeros abdicaron de su responsabilidad de gobierno y faltaron al compromiso con los ciudadanos que representaban.

Un segundo ejemplo, muy revelador de la cultura y de la concepción del Estado que tienen ciertos dirigentes, lo constituye la reacción de Rajoy y Cospedal a la convocatoria de la última Conferencia de Presidentes, cuando afirmaron que estaban dispuestos a asistir al encuentro a pesar de sus diferencias con el Gobierno ¿Pero quiénes son Rajoy y Cospedal, constitucionalmente hablando, para tomar una decisión que sólo corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas en función de los intereses de los ciudadanos que institucionalmente representan?

El último ejemplo lo constituye el que sirve de disculpa para esta reflexión, es decir, el reciente debate sobre la transferencia de Tráfico a Galicia. Los tres diputados de nuestro Parlamento han defendido con dignidad y argumentos la necesidad de la transferencia y, desgraciadamente, su gestión no se ha visto de momento culminada por el éxito. Pero no han hecho ningún papelón, como insinúan ciertos comentaristas, ni han sido ninguneados por sus correligionarios en el Congreso como afirman otros. Simplemente, los políticos que gestionan las instituciones centrales del Estado se niegan siempre que pueden a ceder poder y competencias, y los representantes de las comunidades autónomas, en este caso los de Galicia, exigen racional y razonadamente más autogobierno.

De esta tensión y de la correlación de fuerzas de cada momento saldrán los correspondientes resultados. Así funciona el Estado autonómico y, por cierto, todos los Estados que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos. En otra ocasión me referiré a las reformas necesarias para canalizar y atenuar las inevitables tensiones.