Matar al mensajero
Cuenta la historia que cuando Carlos II expulsó de sus dominios a los jesuitas, se le preguntó el motivo y la respuesta del monarca fue concluyente: "Por razones que guardo en mi real pecho". Qué duda cabe de que aquella respuesta deviene hoy día inadmisible, pero no por ello deja de mostrar con suma claridad la naturaleza del poder. Tres siglos después, el Juzgado número 2 de la Audiencia Provincial de Álava ha admitido a trámite una denuncia presentada por el abogado del jeltzale Aitor Tellería y por los dos ertzainas implicados en la presunta trama de espionaje alavés.
La denuncia pide citar a declarar el próximo 1 de octubre a ocho periodistas (tres de ellos de este periódico) acusados de publicar datos bajo secreto de sumario. Los profesionales se enfrentan a penas de uno a tres años de prisión por delito de descubrimiento y revelación de secretos. El objetivo, a priori, es saber quién filtró la información del sumario judicial pero que duda cabe que de esta manera también se abre la puerta primero para "matar" al mensajero y segundo y más importante, para saber si se están dando irregularidades en la investigación. Resulta paradójico que los ahora denunciantes aleguen que los periodistas en sus informaciones (cuya veracidad nadie cuestiona) han reflejado aspectos de la causa, sin estar levantado todavía el secreto de sumario y obrando sólo en poder de la Audiencia Provincial.
¿Los partidos hubiesen hecho públicos todos los datos del espionaje de no haber salido en los medios?
Al margen de estos aspectos propios del Derecho Penal, no estamos asistiendo a nada nuevo en el periodismo. Lo que estamos viviendo hoy en los juzgados vascos, otros ya lo padecieron con las revelaciones de los GAL o más recientemente, el pasado mes de diciembre, la Cadena SER en la piel de dos de sus directivos condenados por un juez a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión por revelación de secretos tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid. Un documento que ya había sido denunciado por escrito por una asamblea local del propio partido.
El intento de presión a los medios de comunicación lo padecemos aquí y fuera de nuestras fronteras. No muy lejos. En Francia, lo saben muy bien los componentes del diario digital Mediapart. La cabecera que ha convertido el caso Bettencourt (un asunto familiar en el que la hija de la mujer más rica de Francia denuncia a un fotógrafo por, a su juicio, aprovecharse de su madre anciana) en un oscuro tema de Estado al revelar la presunta financiación ilegal del partido de Sarkozy.
Lo decía Walter Williams, el periodista es un "observador de la realidad"; al periodista se le pide saber comprender lo que está ocurriendo a su alrededor y saber transmitirlo de forma clara, precisa y contextualizada. No es suficiente con que difunda datos: los ciudadanos quieren su significado; y eso exige conocimiento de la realidad sobre la que se informa y capacidad de interpretación, además de otros hábitos que suelen condensarse bajo la denominación de honestidad. Pero, volviendo al caso Tellería, ¿los partidos hubiesen hecho públicos todos los datos del presunto espionaje en Álava de no haber salido en los medios? ¿se hubiesen enterado los ciudadanos?. El Derecho a la Información es saber también cómo nos están gobernando. Y aquí, en ningún momento se han producido juicios paralelos. De hecho, si así fuera, se hubiesen pedido rectificaciones a los medios y no ha ocurrido.
Preguntarse por la responsabilidad del profesional de la comunicación equivale a preguntarse por la justificación de su actividad en la vida social. El entendimiento de que sus actividades profesionales se justifican socialmente porque satisfacen una necesidad de información y comunicación del ciudadano. De cuestiones que en muchos casos, igual ni saldrían a la luz, si no fuese por la mediación del periodista. En todas las resoluciones del Tribunal Europeo al respecto la argumentación para dirimir si se había respetado o no el artículo 10 del Convenio de los Derechos Humanos ("Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión") se ha construido sobre la noción del interés público informativo tanto en el fondo como en la forma.
Con este escenario de fondo, todos (ciudadanía, instituciones y medios de comunicación) deberíamos tener presentes algunas ideas. Por una parte, la importancia en el día a día, del derecho de acceso a la información como un mecanismo que contribuye a la participación y coadyuva a la construcción de un Estado transparente. Informar con responsabilidad a través de un medio y ser informado de un presunto caso de corrupción en una institución pública constituye hoy un derecho fundamental de toda persona. Todos los periodistas son titulares de un derecho a buscar, recolectar, indagar e investigar información, con el propósito de difundirla. Y todos los ciudadanos son titulares de un derecho a recibir información veraz, objetiva y apegada a los hechos y acontecimientos que les rodean.
En febrero de 1977, el entonces director del periódico italiano Il Giornale Nuovo, Indro Montanelli, de visita por España, pronunció una conferencia ante alumnos de periodismo sobre la situación política de Italia. Durante gran parte de su alocución Montanelli denunció el "absoluto conformismo" de los políticos y los ciudadanos en su país y terminó con un mensaje muy claro a los jóvenes que le escuchaban: "El periodismo no puede ser para ustedes un oficio. O es una misión, o no es nada".
Andoni Orrantia es periodista.
