Griñán pide que las autonomías saneadas puedan endeudarse más

José Antonio Griñán se ha congratulado con la iniciativa del Gobierno que permite un mayor grado de endeudamiento en 2011 a los ayuntamientos más saneados, pero ha pedido que esta medida sea extrapolable a las comunidades autónomas con menor deuda, como Andalucía. Lo dijo ayer en Madrid en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, informa la agencia Efe, aunque se trata de una antigua aspiración que hasta ahora no ha tenido respuesta positiva.

En marzo pasado, la Junta andaluza llevó esta propuesta a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron los planes económico-financieros de reequilibrio para cumplir con el objetivo del déficit para este año. "La posición de Andalucía es clara porque la Junta siempre ha mantenido un compromiso firme con la estabilidad, objetivo con el que hemos cumplido, y vamos a pedir al Gobierno que el objetivo individualizado (por comunidades) sea revisado en función de lo que cada uno ha aportado a esa estabilidad", explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

La Junta ya solicitó al Gobierno un trato diferente para Andalucía

Valderas reclama el respaldo del ICO a todos los ayuntamientos

Griñán subrayó ayer que no puede tratarse de igual manera, en materia de déficit, a una comunidad autónoma como Andalucía, con un endeudamiento inferior a la media (6,9%), que a otras regiones que están mucho más endeudadas. El presidente de la Junta consideró que ha sido la nueva situación de los mercados financieros, la que ha permitido al Ejecutivo "abrir un grifo que estaba cerrado".

Según el socialista, esta decisión es "una puerta que se abre" y, junto a las medidas aprobadas en Andalucía, aumentará de forma sustancial el dinero incondicionado que la Junta dará a los ayuntamientos en el año 2011.

La determinación de relajar la taxativa prohibición de endeudarse a los ayuntamientos no ha tenido la misma acogida entre los partidos políticos y las instituciones: mientras la Junta se ha felicitado, el PP de Javier Arenas ha calificado la medida de chapuza y ha encargado un informe jurídico sobre la legalidad de la decisión. La cuestión estriba en los requisitos que se piden, ya que solo podrán acudir al crédito aquellos municipios cuya deuda no supere el 75% de sus ingresos.

Arenas declaró ayer a Europa Press que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "ni siquiera acierta cuando rectifica". "A la hora de hablar del 75% de deuda sobre presupuesto sería muy importante conocer si la deuda proviene de inversiones o de gasto corriente superfluo para medir la buena gestión y también saber si mucho endeudamiento se encuentra oculto en las empresas públicas municipales", señaló.

Según Arenas, el Gobierno ha vuelto a protagonizar "un nuevo despropósito sin ningún diálogo con los ayuntamientos que vuelve a machacar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y sobre cuya legalidad tenemos serias dudas".

El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, sin embargo, valoró la medida, ya que, dijo, "denota que la situación económica de España y la presión a nivel europeo y de los mercados no es la misma ahora que en mayo, por lo que en el momento en que el Gobierno tiene posibilidades de flexibilizar sus gastos ha tenido sensibilidad de acordarse de los ayuntamientos, permitiendo ese nivel de endeudamiento que antes estaba prohibido".

El coordinador de IU, Diego Valderas, señaló, por su parte, que "hay que decirle al Gobierno andaluz y al del Estado que es imprescindible garantizar el crédito a todos los ayuntamientos abriendo el ICO como se ha hecho para las empresas y los bancos".