Problema de calidad

La educación siempre ha sido un problema en España. No solamente en España, pero sí de manera muy especial en nuestro país, en el que ha llegado a convertirse en uno de los problemas constitucionales más importantes en varias ocasiones en los dos últimos siglos. Tanto en el debate constituyente de 1869 como en el de 1931, íntimamente vinculado con el problema religioso en ambos casos, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza fue el núcleo de enfrentamientos que deterioraron la convivencia de manera extraordinaria. La política educativa del régimen nacido de la Guerra Civil, que no fue polémica, porque en dicho régimen era imposible que algo lo fuera, no dejó por eso de gravitar de una manera sumamente negativa sobre la sociedad española, dejándonos en muy mala posición en el momento en que, con la transición a la democracia, hay que poner en marcha un nuevo modelo educativo.

En el proceso constituyente de 1978, el problema se sorteó, porque el espíritu de consenso del momento, fruto en buena medida de la memoria de un pasado funesto, permitió que las pasiones no se desbordaran en este terreno. Pero el consenso en materia educativa fue muy limitado, como la propia redacción del artículo 27 de la Constitución pone de manifiesto. Buena prueba de ello ha sido la imposibilidad de llegar a un acuerdo a la hora de desarrollar la Constitución. Ni con el Gobierno de UCD, ni con los del PSOE o los del PP ha sido posible consensuar un modelo educativo, que diera estabilidad al ejercicio de este derecho fundamental. Está fresco todavía en la memoria el fracaso del intento de alcanzarlo esta primavera pasada por parte del ministro Ángel Gabilondo. En materia educativa falta negociación política y sobra conflictividad jurídica. Espero que se me entienda bien. No estamos donde estuvimos en el pasado. Ni de lejos. Pero la historia sigue gravitando de manera negativa.

Esta ausencia de consenso es especialmente negativa, porque sin él es muy difícil resolver el problema en los términos en que tiene que resolverlo la sociedad española en este momento. El país no tiene un problema serio de escolarización en ninguno de los niveles de enseñanza (salvo tal vez en guarderías). La población en edad de estar escolarizada, lo está. Desde un punto de vista cuantitativo, el derecho a la educación está siendo ejercido en España sin ningún género de dudas. El reto de la escolarización del conjunto de la población lo hemos dejado atrás.

Lo que ocurre es que el problema con el que ahora tenemos que enfrentarnos es de naturaleza cualitativa y no cuantitativa. Ya no basta con tener a la población escolarizada, sino que hay que tenerla escolarizada con el nivel de calidad que la competición en un mundo globalizado exige. Y para conseguir esto una política consensuada y generalmente aceptada resulta indispensable. El problema cuantitativo se podía resolver sin consenso. No de la mejor manera posible, pero se podía resolver. El cualitativo, no.

Entre otras cosas, porque en un Estado políticamente descentralizado, como es el español, la competencia en materia educativa es ejercida por las unidades de descentralización política de dicho Estado, en nuestro caso, por las comunidades autónomas y únicamente mediante un acuerdo en el que las comunidades autónomas se encuentren reflejadas permitirá la aplicación en la práctica del modelo educativo.

Sé que el patio político está como está y que no hay ninguna posibilidad en este momento de que se pueda llegar a un acuerdo, pero en algún momento, que no puede ser muy lejano, habrá que alcanzarlo, porque, de lo contrario, el futuro nos va a proporcionar sorpresas muy desagradables.