La ley audiovisual argentina entra en vigor pese al bloqueo judicial

Cada semana, el Gobierno argentino propina un golpe distinto al mayor grupo de medios de su país, Clarín. Ayer entró en vigor la nueva ley de regulación de la televisión y la radio, que obliga a Clarín y a otros grupos a vender emisoras en el plazo de un año, pese que existen cuatro recursos de amparo judiciales que han suspendido la aplicación de algunos o todos sus artículos, como el referido a las desinversiones.

La ley de servicios audiovisuales fue aprobada por el Congreso en octubre pasado, con el voto favorable del kirchnerismo y fuerzas de la oposición, como el Partido Socialista y el izquierdista Proyecto Sur. La ley limita la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede tener un mismo grupo, lo que obligará a Clarín, a PRISA (grupo editor de EL PAÍS) y a otros conglomerados a vender algunas de sus licencias.

La norma fuerza a varios medios a vender emisoras de televisión y radio

La ley establece que un tercio de las licencias queden en manos del sector privado; un tercio, en las del Estado, y otro tercio, en las de las ONG. La norma ordena que las desinversiones se concreten en un plazo de un año a partir de su entrada en vigor.

La ley no estaba vigente hasta ahora porque jueces y tribunales de segunda instancia la habían frenado. La justicia había admitido cinco recursos de amparo que habían presentado Clarín, la operadora de televisión por cable Supercanal, dos diputados y una asociación de consumidores. Uno de los recursos fue rechazado en junio por la Corte Suprema. Los otros cuatro siguen vigentes y apuntan, en un caso, contra toda la ley y en otros, contra el plazo de desinversión.

Pese a todo, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha firmado el decreto de entrada en vigor de la ley, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Argentina. El jefe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, explicó que esa publicación "permitirá la aplicación de la totalidad de los artículos de la ley". En cambio, un abogado constitucionalista consultado por el diario Clarín, Daniel Sabsay, dijo que pueden entrar en vigor aquellos artículos que no fueron suspendidos por la justicia. No es el primer golpe que recibe el grupo Clarín en los últimos días. Hace dos semanas, el Gobierno le quitó la licencia a su proveedor de Internet por presuntas irregularidades administrativas. La semana pasada, la presidenta denunció la supuesta apropiación ilegal de la única fábrica argentina de papel para periódicos (propiedad del diario Clarín, La Nación y el Estado) y envió al Congreso un proyecto de ley para regular su producción y distribución.