El PSPV acusa a las residencias de manipular a los usuarios

"No entendemos cómo Bienestar Social está dejando a las residencias sembrar la alarma entre los usuarios y jugar con la gente para conseguir sus intereses". El diputado socialista Antonio Torres se refirió ayer de esta forma a la polvareda levantada por residencias concertadas que comunicaron a sus clientes que deberían de abandonar los centros a partir del 1 de septiembre, si la Generalitat no renovaba el contrato que subvenciona su plaza. La patronal de las residencias sostiene que actuaron de esta forma al trasladarles Bienestar Social que quizás no podrían hacer frente al próximo contrato, algo que la propia consejería tacha de "malentendido".

"La patronal debe resolver sus problemas sin manipular a los dependientes", indicó Torres. El diputado se mostró entre "contento y sorprendido" por la rápida respuesta de la consejera Angélica Such de que se mantendría la financiación de las 1.800 plazas de centros de la tercera edad supuestamente en el aire, cuando "lleva un año sin atender a las reclamaciones de los familiares y dependientes por los problemas de la ley".

Además expresó su extrañeza de que hayan sido las empresas que más se han beneficiado del impulso al concierto de plazas de la tercera edad por parte de la Generalitat en la etapa de Juan Cotino -que tenía intereses familiares en el negocio de las residencias hasta hace poco- quienes hayan alzado la voz. "Los centros que se quejan son un grupo selecto de residencias que han gozado del favor del Consell por encima de otras", apuntó.

Desvío de fondos

Torres también censuró que Bienestar Social haya desviado 6,8 millones de euros transferidos por el Estado para atender a dependientes a otros fines. Una modificación presupuestaria publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana refleja que este dinero remitido por la Administración estatal ha servido para aumentar la partida de salud mental (3,5 millones de euros) o las pensiones asistenciales (2 millones), entre otras parcelas. El diputado socialista inistió en que el retraso en la atención a los depencientes valencianos está suponiendo una pérdida de transferencias por parte del Estado que podrían ascender a finales de año a millones de euros. Y ello porque el Gobierno decidió primar a aquellas autonomías que más dependientes atiendan, entre las que no se encuentra la valenciana.