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El PP aumentará sus exigencias a López en la negociación presupuestaria

Los populares pretenden mayor rigor y austeridad en las cuentas de 2011

El PP se va a sentar a negociar con el Gobierno los presupuestos para 2011 con la intención de ser mucho más exigente que el año pasado tanto en materia de reducción y control de gastos, como en la política con la deuda pública y la iniciativa fiscal, según tres miembros de la dirección popular. "Si los términos del acuerdo son iguales a los del año pasado, la posibilidad de aplicar en Euskadi una política económica efectiva contra la crisis queda bastante limitada", apunta uno de los consultados. Aunque la disposición del PP de volver a apoyar las cuentas vascas es clara, el socio preferente del Gobierno pretende que éstas marquen aún más diferencias con respecto a las del Estado, máxime si al final el presidente Zapatero las acuerda con el PNV.

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Cuatro puntos va a convertir el PP en sus caballos de batalla. En primer lugar, los populares quieren comprometer al Ejecutivo de Patxi López a que ni un euro de la deuda pública se destine a pagar el gasto corriente.

El rigor de las cuentas y los esfuerzos de austeridad han de ser evidentes "desde el minuto uno" del próximo ejercicio, en palabras de otro dirigente del PP. El partido de Antonio Basagoiti incluso pedirá al Ejecutivo que vaya más allá del recorte del 2,5% que cada consejería ya se ha comprometido a adoptar en sus cuentas.

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La reducción de altos cargos y de delegaciones en el exterior ya iniciada en el presente ejercicio ha de proseguir. "Casi 500 altos cargos son demasiados para una Administración pequeña como la de esta comunidad", recalca un parlamentario popular. Respecto a las embajadas desplegadas en el exterior durante los últimos años por los sucesivos gobiernos nacionalistas, en las que el actual Gabinete ya ha metido la tijera, el PP insiste en que tienen escaso sentido cuando ya existen delegaciones comerciales y de representación tanto de las Embajadas de España, como, en ocasiones, de la SPRI, la sociedad de promoción dependiente de Industria.

Otro punto clave en la lista de deberes del PP es la política fiscal. Competencia de las Diputaciones, los populares se niegan a que el Ejecutivo quiera abrir el debate del aumento de la presión impositiva, planteado por el lehendakari en diversas ocasiones en los últimos tiempos. "El impulso por el Gobierno de un alza de impuestos es incompatible con una política presupuestaria pactada con el PP", apunta un miembro relevante de la dirección popular. "Si López se empeña en ese debate lo que plantearemos claramente es una rebaja selectiva de tributos. Ya ha aumentado la presión fiscal vía IVA y por la supresión de la ayuda de los 400 euros en el IRPF", añade.

El PP no va a marcar por ahora líneas rojas cuyo cruce pondría en peligro el pacto vasco ante la previsible negociación de Zapatero con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, tampoco permanecerá impasible. "Si el Gobierno vasco calla, nosotros no vamos a otorgar. El ninguneo al Ejecutivo de López no es admisible, ni en términos políticos ni de gestión, enfatiza uno de los consultados.

Como el año pasado, serán los propios López y Basagoiti los que acordarán el marco negociador general antes de que las respectivas delegaciones, encabezadas por el consejero de Economía, Carlos Aguirre, y Antón Damborenea, responsable económico popular, desciendan al nivel de los números. El lehendakari y el líder popular buscan fecha para esa reunión, de la que hablaron someramente anteayer cuando coincidieron en la Aste Nagusia. A falta de concretar, la intención es que se celebre en torno a la fecha del debate de Política General, previsiblemente el 23 de septiembre, incluso poco después del mismo.

Servicios externos y reducción de sociedades

Otras dos cuestiones básicas que planteará el PP en la negociación presupuestaria serán la rebaja del gasto trasladando servicios a empresas externas, en lugar de asumir los que ya prestan bien asociaciones y firmas privadas, y el adelgazamiento de sociedades públicas, cuestión recurrente para los populares desde el mismo inicio de la legislatura.

"Lo que ha sucedido con Heldu es lo contrario a lo que hay que hacer", enfatiza Antón Damborenea, responsable del PP en materia económica. El ejemplo dado por Asuntos Sociales con el servicio jurídico para inmigrantes, del que la consejería retiró en julio a la asociación que lo prestaba para asumirlo directamente, es el que hay que evitar, opina Damborenea: "Los servicios que funcionan descentralizados es mejor no centralizarlos. Al final, resultan más costosos, suelen estar peor atendidos y acaban siendo menos eficientes".

Un servicio que el PP quiere claramente racionalizar y externalizar en parte es el parque móvil adscrito a la Administración General -Interior y los vehículos policiales quedan aparte-. La Administración General dispone de 604 coches de los que 273 son usados por los consejeros y altos cargos del Gobierno. El gasto en estos casi tres centenares de coches ascendió el año pasado a 1,5 millones. El resto de vehículos se emplean para atender otras necesidades administrativas. Los populares creen insuficiente el recorte de esta partida en un 4% que el Ejecutivo ha anunciado.

Damborenea plantea dos vías para reducir este gasto: sacar a concurso su gestión y mantenimiento y restringir el uso del coche oficial a un menor número de altos cargos. "El efecto en las cuentas públicas sería visible", sostiene el portavoz económico del PP. Los populares defienden incluso privatizar los helicópteros de la Ertzaintza, de forma que los gestionase una empresa externa, aunque los pilotos seguirían adscritos a Interior.

Respecto del ahorro en sociedades públicas, el socio preferente del Ejecutivo puso desde el inicio del mandato de López su punto de mira en dos departamentos: Agricultura e Industria. Pese a que el Ejecutivo ya ha abordado un evidente recorte en la maraña de entidades adscritas a los mismos que desarrolló el tripartito, el PP apuesta por hacer aún más. "Habría que dejar solo aquellas sociedades que de verdad solucionen los problemas que tiene cada sector", explica el parlamentario popular. Una nueva criba de firmas públicas en ambas consejerías podría suponer un nuevo ahorro cercano a los 40 millones de euros, unos 20 millones por cada uno de esos departamentos.

Además de la negociación presupuestaria, la otra cuestión clave en materia económica para el PP el próximo curso será la ley para el fomento de los emprendedores. El lehendakari aceptó en su día que el Gobierno aprobaría, tras negociarlo, lo que los populares le planteasen.

El PP ya ha intercambiado borradores con Industria sobre esta cuestión y llevará a la Cámara un texto como proposición de ley que defenderá en la tribuna el propio líder popular vasco, Antonio Basagoiti. El PP pretende racionalizar una maraña de organismos de las tres Administraciones que disponen en conjunto de 200 millones para los emprendedores, "y no sabemos cuánto llega a estos", según otro responsable popular.

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