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El retraso en las ayudas empuja a dependientes a cambiar de región

Primeras señales del 'turismo' de los ciudadanos para obtener la prestación - Algunas comunidades tardan más de un año en tramitar los expedientes

La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites. Algunos incluso aprovechan las vacaciones en la costa para que los profesionales baremen el grado de dependencia de sus ancianos.

El boca a boca funciona. El que tiene amigos o familiares en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sabe que allí las cosas van más rápido que en Valencia, y al que quiere una residencia en Murcia no se le escapa que tendrá más opciones saltando a Almería. Si las comunidades que gestionan con menos eficacia no revierten esa situación, sus ciudadanos seguirán yéndose a otras para que les concedan sus derechos. Se ha iniciado el turismo de la dependencia, una suerte de exilio que huye de la ineficiencia de algunos Gobiernos.

Madrid pone inconvenientes agarrándose a una norma anterior

Algunos ancianos vuelven a sus pueblos de origen buscando eficacia

Hay residencias que permiten que los usuarios se empadronen allí

Algunos aprovechan las vacaciones para iniciar los trámites en Andalucía

"Primero los empadronan, en casa de unos amigos, o en un piso en la playa, y una vez que les han valorado y les han comunicado el grado y nivel de su dependencia, trasladan el expediente a la comunidad en la que viven. Eso está empezando a ocurrir", dice un trabajador social de Almería.

Pulpí es un pueblo limítrofe con Murcia de unos 9.000 habitantes con una residencia de más de un centenar de plazas y un centro de día. La alcaldesa, María Dolores Muñoz, sabe que en el geriátrico hay más de un murciano. "Como los ancianos se empadronan es más difícil detectarlo, y también hay traslados de expediente", dice, sin ápice de molestia. Simplemente defiende orgullosa los muchos servicios que tiene su pueblo.

Murcia es la comunidad que concede más prestaciones económicas, por tanto, tener acceso a una plaza de residencia allí es complicado. Los que viven cerca de Almería prueban suerte en Pulpí.

En algunos casos, los ciudadanos están pagando costosas plazas de residencia a la espera de que llegue la ayuda a la que tienen derecho y les alivie un poco estos pagos. Los empresarios de los geriátricos saben bien el esfuerzo que hacen estas familias y alguno ha decidido ayudarlas. "Los dependientes están en nuestra residencia de Castilla-La Mancha, que pagan de su bolsillo, pero como viven y están empadronados en Madrid y la ayuda que han solicitado allí tarda tanto, les empadronamos en la residencia y así pueden pedirla en esta comunidad, que va más rápido", dice el jefe de este geriátrico, que no quiere identificarse.

El problema es que al revés las cosas no funcionan igual, y eso está creando cierto malestar en algunas comunidades. Empadronarse en Madrid y pedir una ayuda es más complicado. "Allí se agarran a una normativa anterior a la Ley de Dependencia y exigen dos años de empadronamiento para optar a una residencia y uno para ayuda a domicilio. Eso es desconocer que el grado y nivel que se le otorga a un dependiente debe funcionar en cualquier sitio de España", dice Gustavo García, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos hablando de derechos subjetivos, que no los había hasta ahora. Cualquier normativa autonómica anterior deja de tener sentido para las personas a las que se les reconozca su grado de dependencia, en cualquier sitio en que eso ocurra", añade García.

La madre de Ramón tiene alzhéimer y, durante algún tiempo, este madrileño estuvo considerando llevarla a Toledo a una residencia, o a Ciudad Real y empadronarla allí, como le recomendó un amigo. "Pero me pesó tener que sacar a mi madre, tan mayor, para llevarla lejos, y sin que estuviera mi padre con ella. Los geriatras me han dicho que necesita una residencia, pero nos han concedido la prestación económica. Optar a una residencia en Madrid es complicado", dice.

El turismo de la dependencia está solo iniciándose y no avanza más porque se trata todavía de personas muy mayores. "Si esto se produce con grandes dependientes, de escasa movilidad, no quiero pensar qué ocurrirá en 2011, cuando entran en el sistema los dependientes moderados. Estos pueden trasladarse con facilidad a otras regiones, y el problema puede presentar dimensiones preocupantes", avisa Gustavo García.

Algunos casos cobran tintes dramáticos. "Hemos tenido ancianos que se vuelven a su pueblo natal a empadronarse, o que nunca dejaron de estar empadronados, para que allí les concedan más rápido la ayuda. Algunos han muerto al poco tiempo. Acaban instalándose en la casita del pueblo, que apenas la usaban para vacaciones y que no tiene las condiciones básicas para que allí viva un anciano muy enfermo", dice un trabajador social de Albacete, que, como los demás, quiere mantenerse en el anonimato.

Se trata de personas que se fueron de jóvenes a la Comunidad Valenciana a trabajar, como emigrantes. Allí criaron a sus hijos y nunca dejaron de vivir allí, pero acaban volviendo a su tierra para que les den pronto la ayuda a la que tienen derecho. [La Comunidad Valenciana tampoco es un ejemplo de eficacia al gestionar estas prestaciones].

El mismo trabajador social asegura que algunos ancianos que antes rotaban de una comunidad a otra porque tenían hijos en las dos han dejado de hacerlo: "Los trámites los hacen todos en Castilla-La Mancha. Si luego van a casa de otros hijos y se reparten las ayudas económicas, eso no lo sabemos", dice.

"Este asunto nos confirma que, frente a las dificultades de las comunidades en la aplicación de la ley, algunas ponen todos los medios y otras, sencillamente, demuestran falta de voluntad. Y no solo perjudican a los ciudadanos, sino que empiezan a crear un problema a otras comunidades, normalmente a las que mejor aplican la ley, las más ágiles en la gestión. Es muy insolidario", dice García.

La madre murió y su hija aún espera

Su madre, octogenaria, murió esperando una ayuda de dependencia solicitada en Madrid en febrero del año pasado. La hija, de 60 años, con una gran invalidez, la pidió al mismo tiempo y hace ya meses que se marchó a Málaga, alquiló un piso y trató de que fuera la comunidad andaluza la que se hiciera cargo de su caso. El clima le es más beneficioso. Pero incluso en la distancia, la Comunidad de Madrid plantea problemas con esta ley. "Las trabajadoras sociales de Andalucía me dijeron que en lugar de comenzar los trámites de nuevo trasladara el expediente iniciado en Madrid, para no perder derechos adquiridos. Y así lo solicité". Ha quedado atrapada en una espiral burocrática de la que todavía no ha salido. Mientras, sus piernas siguen fallando, la vista está cada día peor y se cae muchas veces a pesar de la ayuda de sus muletas. Pero Internet es la herramienta que la ayuda a poner quejas y más quejas contra la Administración madrileña.

En diciembre del año pasado solicitó el traslado de su expediente (número 9387/2009) y solo la contestaron en marzo, para decirle que su caso estaba en trámites, a la espera de ser llamada para valorar su dependencia. "Eso no era lo que yo había pedido así que me quejé a Edmundo Ahijón, responsable de esto en Madrid". En mayo, un mensaje le pide perdón por el error, pero le avisan "de que el proceso no es sencillo y que tardará". E. T. P., que ha sido funcionaria y se sabe los entresijos de las reclamaciones, puso otra queja. Pero todo parece inútil. Por último, en Andalucía le han dicho que quizá es más operativo iniciar los trámites de nuevo en Málaga. "Y eso es lo que estoy haciendo, pero, en paralelo, sigo con mis reclamaciones para ver si consigo que se atiendan mis derechos", dice.

Todavía recuerda el último año de vida, "horroroso", que pasó su madre. "Estuvo hospitalizada meses y pretendían que yo la llevara a casa, ella no estaba en condiciones para ello. Ni yo podía atenderla. En el hospital me dijeron que con mi pensión de 1.300 euros, podía contratar a alguien". Pero la Ley de Dependencia es universal, todos tienen los mismos derechos. Además, E. T. P también está "llena de dolores", y toma 14 pastillas diarias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de agosto de 2010

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