El pleitista urbanístico de Vigo pierde su primera gran batalla

La definitiva legalización de la urbanización Jacinto Benavente, de 178 viviendas, ha abierto una importante fisura en la estrategia del pleitista urbanístico Eduardo Canabal, cuyos procedimientos contra el Ayuntamiento de Vigo ejerciendo la acción popular han generado órdenes de demolición de unas 1.500 viviendas. Entre ellas estaba, desde 1999 y de manera insistente en la prensa local hasta el mes pasado, la citada urbanización. Su legalización abre la puerta a otras futuras y, por añadidura, evita que Canabal perciba compensaciones como parte que desencadenó y mantuvo el proceso en candelero durante más de una década.

"Cada edificio es un caso singular", precisa el alcalde vigués, Abel Caballero, para atajar cualquier asomo de euforia. "Tanto el Tribunal Superior de Galicia como el Tribunal Supremo establecen, por una parte, que los edificios sean legalizables por un plan general y, por otra, que haya existido buena fe entre los distintos agentes que han participado en su construcción. Ambas cosas se dan en este caso, lo que ciertamente no sucede en todos", añade Caballero.

La causa que motivó la orden de demolición de la urbanización de Jacinto Benavente remite a la aplicación del polémico plan general de urbanismo de 1993, que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, y, singularmente, a "errores administrativos" de la propia Xerencia Municipal de Urbanismo. En lugar de subsanarlos y enfrentar la demanda de Eduardo Canabal, el Ayuntamiento, en una actitud que aún nadie ha explicado, se allanó y dejó correr la bola judicial sin hacer valer sus criterios. Lo mismo que la Xunta de Galicia, codemandada en el proceso y que tampoco compareció.

En 2005, cuando el proceso llevaba ya una década de rodaje, el abogado José Luis Barros, alegando la "teórica ignorancia de los propietarios", ya que las condenas judiciales se dirigían exclusivamente al promotor de la urbanización, Conproint, consiguió retraer la causa a su inicio en función de la tutela judicial que los propietarios no habían obtenido y que, a partir de ahí, se convierten en parte activa del procedimiento.

Todavía a finales del año pasado la prensa local, con datos y argumentos desfasados, jaleó la "inexorable" demolición del edificio, predicada y perseguida por Canabal. De ejecutarse esa demolición y habida cuenta de que el edificio está valorado en unos 50 millones de euros, al pleitista le hubiera reportado el 0,75% de ese valor, es decir, unos 375.000 euros. El auto judicial del pasado mes de julio declara "la inejecutabilidad legal de la sentencia" de 1999 "en lo que ataña a la demolición del inmueble", sin perjuicio, dice en sus razonamientos jurídicos, "de que por la parte interesada [Canabal] se pueda instar la compensación económica suficiente y sustitutiva".

El hecho de que esa compensación no se fije en la resolución del propio auto, como sería lo adecuado, y que este obligue a reclamarla en pieza separada anuncia al pleitista severos obstáculos si llegara a reclamarla, de lo que por el momento no hay constancia. El abogado Barros ya expuso su oposición a cualquier indemnización al pleitista por considerar que solo "se vistió con los ropajes del ciudadano honrado" para ejercer la acción popular, en la que subyace la pretensión poco altruista, que el propio Canabal explicitó en declaraciones a este periódico, de que se le reconozca el daño personal causado, se le pidan disculpas y se le paguen las minutas como condición para retirar sus contenciosos.

Barros anticipa que mantendrá su oposición a que se derive ninguna compensación para Canabal. "Si actúan, los esperamos", advierte también Caballero, "y confío que con el fiscal general del Estado al lado", añade.