Catástrofe con causas

730 días después del accidente que el 20 de agosto de 2008 costó la vida en el aeropuerto de Barajas a 154 personas, no existe todavía un informe definitivo sobre sus causas. La comisión de investigación encargada de la tarea, adscrita al Ministerio de Fomento, hizo público hace un año un informe preliminar que ya ofrecía una descripción aparentemente solvente de los hechos. Ahora ha informado que espera tener el definitivo a finales de año.

No es razonable un plazo tan dilatado. No se trata de establecer responsabilidades, que corresponden al ámbito judicial, sino de ofrecer una hipótesis, apoyada en comprobaciones técnicas, sobre las causas del desastre. Del informe provisional de hace un año se deducía que había habido una cadena de fallos técnicos y humanos. Faltaba por descubrir la causa de la causa: por qué fallaron los instrumentos y si pese a ello podía haberse evitado el desenlace.

Puede darse por establecido que el avión no fue capaz de volar porque no habían sido desplegados los alerones necesarios para el despegue, y que el instrumento destinado a alertar de la anomalía no funcionó porque había sido inutilizado al tratar de aislar una avería previa que había obligado a abortar un intento anterior de despegue. Ahora se ha sabido además que un fallo (causado por un virus informático) en el ordenador central de la compañía aérea impidió la señal de alarma habitual cuando un aparato acumula tres averías. La exigencia de mayor diligencia en la investigación responde a razones prácticas. En 2007 se produjo en Lanzarote un incidente técnico similar al de Barajas; de haberse finalizado a tiempo el informe sobre el mismo, es seguro que se habrían derivado recomendaciones cuya aplicación tal vez hubiera ayudado a evitar la catástrofe de 2008.

La Asociación de Afectados presentó ayer un escrito en el que, junto a quejas razonables sobre estas cuestiones, se ofrecen críticas sobre lo que considera trato discriminatorio respecto a otras víctimas y en el que reclama una normativa legal, se supone que restrictiva, sobre la recreación de catástrofes por medios audiovisuales. El respeto y reparación que merecen las víctimas y sus allegados no debería llevarles a atribuirse sin más un poder de veto sobre los productos de ficción inspirados en los hechos trágicos que han padecido. Sería vulnerar un derecho fundamental.