El Gobierno afgano decreta la disolución de las compañías privadas de seguridad

El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, dictó ayer un decreto en el que ordena la disolución de las empresas de seguridad privadas en el plazo de cuatro meses. El objetivo es evitar "irregularidades" y el mal uso de armas y equipamiento militar. El decreto hace una excepción con las compañías privadas que trabajan para embajadas, empresas y organizaciones no gubernamentales. Estos guardias tendrán que limitar su presencia a los recintos de los organismos y registrarse en el Ministerio del Interior afgano.

La prohibición podría modificar significativamente la estructura de la seguridad en el país, que cuenta con al menos 52 empresas registradas -algunas extranjeras, pero la mayoría afganas- que escoltan las caravanas de abastecimiento para las bases de la OTAN, vigilan edificios militares y gubernamentales y proveen de seguridad a dirigentes políticos y otras personalidades.

El presidente Karzai ha estado bajo presión desde hace tiempo para que sometiera a control a las empresas privadas de seguridad, acusadas en ocasiones de comportamientos temerarios o, incluso, de sobornar a los talibanes para que permitan el paso de convoyes. Algunas compañías son tan grandes que constituyen de hecho ejércitos privados de miles de hombres armados, capaces de retar o ignorar a los gobiernos locales. Muchas, además, no están registradas, no se anuncian y no proporcionan la debida formación a sus empleados. Algunas se acercan más a la categoría de bandas armadas. Solo en Kandahar operan al menos 23 grupos armados sin control gubernamental. Y en la provincia de Oruzgan, Matiulá Khan dirige una fuerza de 1.500 hombres que vigilan las carreteras para las compañías que abastecen a las bases de la OTAN.

Tanto las fuerzas internacionales que encabeza la OTAN como el Gobierno de EE UU expresaron el lunes su respaldo a la iniciativa de Karzai, pero dijeron que el éxito dependerá de la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas para reemplazar a los guardias privados. "Compartimos el objetivo de que el Gobierno de Afganistán se haga cargo de la seguridad del país", dijo Philip Crowley, portavoz del Departamento de Estado. "Pero en este momento creemos que la seguridad privada aún es necesaria".

Por otra parte, dos antiguos empleados de la empresa de seguridad privada Paravent, una filial de Xe (anteriormente, Blackwater), se declararon ayer inocentes ante un juez federal de Virginia (Estados Unidos), que les juzga por la muerte de dos afganos en Kabul en 2009.