El Ejecutivo incentivará a los funcionarios para que trabajen como cooperantes
Asuntos Sociales implica en la medida a Diputaciones y Ayuntamientos
El Gobierno vasco está analizando cómo flexibilizar las condiciones laborales de los funcionarios de los tres niveles administrativos (el propio Ejecutivo, las Diputaciones y los Ayuntamientos) para que puedan participar en proyectos de cooperación al desarrollo. A través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, se intentará involucrarles en estos proyectos, que no comenzarán hasta 2011.
La iniciativa se enmarca en la nueva filosofía para la cooperación planteada por el Ejecutivo, que se pretende aplicar con la creación de la agencia, que promoverá por primera vez la cooperación directa del Gobierno -hasta ahora se limitaba a gestionar subvenciones para las ONG- y la técnica, en la que participarán los funcionarios.
El Gobierno se reunirá el próximo mes de septiembre con las compañías
La participación de los empleados públicos será desinteresada
Los proyectos se podrán realizar desde Euskadi o en el extranjero
Aunque los proyectos no se podrán en marcha hasta el próximo año, Empleo y Asuntos Sociales, departamento del que depende la agencia, ya trabaja junto con la Dirección de Función Pública para definir cómo se realizará el acomplamiento de esta iniciativa al día a día de los funcionarios. El Gobierno vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos han creado ya una mesa interdepartamental en la que se debate qué recursos humanos pueden ser útiles en los proyectos.
Y es que la participación en estos programas no será global, sino que se creará una red de trabajadores para avanzar en los planes. Su colaboración será desinteresada, pero el Ejecutivo se plantea cómo flexibilizar las condiciones para que la cooperación no se convierta en una sobrecarga de trabajo. Entre las opciones analizadas, se busca la manera de que los funcionarios puedan dedicarse a los proyectos en su horario laboral o de que puedan ausentarse de su puesto para viajar al extranjero en caso de que sea necesario.
Todo ello para que "cualquier trabajador público que cumpla el perfil pueda prestar servicios para asesorar en los proyectos", explica la directora de Cooperación al Desarrollo, Marta Ares. De hecho, ya existen experiencias de distintas instituciones en las que los funcionarios han participado en programas de cooperación. El Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, ha encargado a sus arquitectos varios planes y la asociación Euskal Fondoa también ha impulsado iniciativas similares.
Además, ya existe en Euskadi un equipo de acción humanitaria compuesto por profesionales de emergencias, Osakidetza, Agricultura y la Agencia Vasca del Agua. Este equipo se puede movilizar en menos de 24 horas en caso de catástrofe, gracias a un convenio entre el Gobierno y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Ejecutivo ya está poniendo en marcha uno de estos grupos: un equipo de profesionales de la salud que en septiembre comenzarán un curso de formación para intervenir en situaciones de emergencia. Algunos de ellos ya participaron en el grupo que voló a Haití tras el terremoto que devastó ese país el pasado mes de enero. Los cursos comenzarán en septiembre próximo.
Los funcionarios podrán participar desde sus propios puestos a través de trabajos de asesoramiento, pero se deja la vía abierta a la posibilidad de que viajen al extranjero en función de la marcha de los proyectos. Todo depende del tipo de planes en cuestión, explica Ares. En una situación de crisis económica, con esta iniciativa se logrará impulsar la presencia de las instituciones en la cooperación al desarrollo sin un gasto excesivo. De hecho, la agencia heredará el presupuesto de la dirección a la que sustituirá: 51 millones de euros. "No se trata de contratar a más gente, sino de ver cómo los funcionarios pueden entrar en los proyectos", apunta Ares.
Esta iniciativa es la consecuencia de la creación de la Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo. A lo largo de este año, la Dirección de Cooperación al Desarrollo irá evolucionando hasta convertirse en la agencia. Este cambio supone una ampliación de las tareas, ya que de dedicarse sobre todo a gestionar las subvenciones para las ONG se pasará a realizar un trabajo más directo en la cooperación, con el desarrollo de proyectos propios. Eso sí, "respetando el trabajo de las ONG, que seguirán teniendo el papel principal de la cooperación vasca", concluye Ares.
Empresas vascas ayudarán a levantar Haití
Unido al cambio de mentalidad que desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se pretende dar al área de cooperación, su Dirección de Cooperación al Desarrollo trabaja para que un grupo de empresas vascas trabajen en la reconstrucción de Haití tras el terremoto que asoló ese país en enero pasado. La directora de Cooperación al Desarrollo, Marta Ares, explica que el Ejecutivo se halla a la espera de que termine la actual época de lluvias y el periodo posterrior a la emergencia para enviar a representantes de estas compañías a la zona.
El departamento ya ha definido los proyectos que quiere cubrir a travé de estas empresas. Su intervención se centrará en reconstruir edificios, pero también en apoyar el desarrollo productivo y la inclusión de las mujeres en el mismo o la mejora de la sanidad y de la educación.
Con los proyectos definidos, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la dirección se reunirá en septiembre con el grupo de empresas que se han mostrado dispuestas a participar en la iniciativa, para ver cuáles se adaptan a las necesidades y pueden embarcarse en las tareas de reconstrucción. La mayoría de las entidades participará aportando asistencia técnica o financiación.
Con estas compañías se mantiene la actuación de Euskadi en Haití ocho meses después de la catástrofe.
En enero, nada más conocerse el alcance del terremoto que sacudió ese país, un grupo de ertzainas y técnicos de la DYA participaron en las tareas de rescate. La ayuda vasca en los dos primeros meses tras el seísmo ascendió a 313.200 euros en proyectos de potabilización de agua y de distribución de productos básicos para la población.
La catástrofe acabó con la vida de unas 217.000 personas y derrumbó los hogares de otros 1,2 millones de habitantes de la isla. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, precisó en una comparecencia en el Parlamento que el coste total de los daños ascendió a 10.500 millones de euros.
La colaboración
- 19 ertzainas y miembros de la DYA participaron de forma voluntaria en las labores de rescate durante los días siguientes al terremoto de Haití. La catástrofe causó la muerte de unos 217.000 personas.
- La ayuda vasca inicial ascendió a 313.200 euros para suministro de agua potable y de envío de productos de primera necesidad. Eudel recaudó 143.654 euros para un proyecto con este fin de Cruz Roja. Por su parte, la Agencia Vasca del Agua envió dos toneladas de agua potable.
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