Dinamitar 32 años

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, España y Cataluña están peor.

Se ha desplazado el eje del debate político de forma incuestionable; ha crecido la desconfianza de muchos sectores de la sociedad catalana hacia España; ha saltado por los aires el espíritu del pacto constitucional; se han radicalizado las posiciones anticatalanas en sectores de la sociedad y de la política españolas; el pacto estatutario ha dejado de ser una referencia para muchos en Cataluña.

La gran manifestación del 10 de julio apunta a un hartazgo generalizado de la política de desgaste a la que se ha sometido la sociedad y la gobernación de Cataluña y encamina sectores hacia la secesión.

El pacto estatutario ha dejado de ser una referencia para muchos en Cataluña

¿Existe todavía en la izquierda española una voluntad federal?

El gran culpable de esta situación es el Partido Popular, aunque no debemos olvidar los demás recursos contra el Estatuto que siguen vivos y aparcados. Sin ese recurso ahora no habría sentencia y sin sentencia España y Cataluña estarían mejor, respirarían mejor.

Con naturalidad, sin ninguna ruptura irreparable como han puesto de manifiesto los cuatro larguísimos años de agonía constitucional a la que ya casi nadie daba crédito después que, de forma sucesiva, el Tribunal Constitucional viese mermados sus efectivos por recusación, fallecimiento o mandatos vencidos.

Amparados en la Constitución, que no votaron, los sectores más conservadores de la sociedad española han hecho añicos un pacto que les molestaba. Han roto el pacto de 1978 que no pudieron romper entonces, orquestando ahora un ataque en toda la regla. Aún a riesgo de cargarse 32 años de vida constitucional fructífera y la voluntad explícita del Parlamento y del pueblo de Cataluña, en un atentado de lesa patria.

En el siglo pasado uno de los problemas de la política española fue el llamado "problema catalán". Los esfuerzos de la Transición se orientaron a resolver este y otros muchos problemas derivados de las heridas abiertas por la Guerra Civil y la Dictadura. Así se halló un pacto político que definía un horizonte de geometría variable y de descentralización creciente en un proceso sin precedentes en la historia de España.

Los resultados son más que evidentes y sería paradójico que la bondad del pacto estallara definitivamente por los aires víctima de su propio éxito. Las aspiraciones de más autogobierno por parte de Cataluña han sido observadas con mucho recelo y desprestigiadas, a menudo, como un afán de privilegios y desigualdades donde solo había la voluntad radical de expresar con claridad meridiana la propia identidad. Una identidad nacional que nadie sabría negaren el terreno intelectual y académico, y que al parecer causa pavor en el contexto de una interpretación constitucional restrictiva.

En el momento del pacto de 1978, la sociedad española y los sectores más directamente implicados en las luchas democráticas respetaban profundamente a Cataluña. Quizás temían y respetaban. Rechazo la idea del temor. Me aferro al profundo respeto que las fuerzas democráticas y progresistas, que las izquierdas, que la intelectualidad, expresaba en aquellos años hacia la sociedad catalana. Con ánimo constructivo se selló un gran acuerdo que culminaba todas las audacias compartidas por Cataluña y España en el proceso de la Transición.

Transcurridos 32 años, con dos Estatutos vigentes sucesivamente (1979 y 2006), la situación ha cambiado radicalmente. Ya no se nos teme ni se nos respeta. No solo no se nos respeta sino que con cierta sistemática se nos falta al respeto. Se niegan los hechos básicos de la identidad catalana, se combate la idea de una España plural y se intenta desmentir el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de la sociedad española. Es más, las resistencias, los obstáculos, las cortapisas a los procesos acordados en el pacto estatutario de 2006 evidencian un abismo entre la voluntad política expresada por las Cortes Generales y los Gobiernos y la predisposición real de las burocracias estatales.

El Estatuto mutilado por el Tribunal Constitucional ha sido erosionado en su aplicación práctica. Tanto que cuando se han alcanzado resultados tangibles, el beneficio del éxito estaba ya totalmente amortizado por la carga del desgaste acumulado. La aplicación a contrapelo del Estatuto puede haber tenido en muchas ocasiones efectos igualmente letales para su vigencia y reconocimiento.

Y, sin embargo, los resultados están ahí, pueden llegar más y nadie podría discutir que nunca antes en la historia de Cataluña se había dispuesto de cotas equivalentes de autogobierno.

Para algunos explorar esta vía es perder el tiempo. Muchos han decidido que el Estatuto estaba muerto. Sectores de la sociedad catalana se orientan hacia el independentismo. Y CiU apunta a una orientación soberanista con sordina, liquida el Estatuto como vía operativa y se apunta a dos abstracciones directas: el derecho a decidir y el concierto económico. Abstracciones porque siendo muy concretas, su aplicación práctica deviene una mera abstracción si no se perfila una ruta precisa hacia objetivos concretos.

En este contexto, el PSC busca en solitario recomponer los pactos constitucional y estatutario. Lo hace desde la afirmación clara de no ser un partido independentista. No solo eso, sino que percibimos en la lógica del independentismo alguno de los riesgos que caracterizaron en el pasado nuestra peripecia colectiva y la marcaron con el signo del fracaso.

Es legítimo que algunos piensen que ha llegado la hora de la verdad y que en la Europa del siglo XXI caben nuevas fórmulas más allá de un federalismo que algunos practican, muchos predican y probablemente pocos quieren. El PSC insiste en abrirse camino desde la centralidad política en esta vía federalizante que refuerza el pacto constitucional y estatutario.

¿Existe todavía en la izquierda española voluntad federal? ¿Estamos perdiendo el tiempo los que creemos que todavía hoy la vía abierta y flexible ensayada en 1978 y pendiente de actualizar es el camino más efectivo y práctico para orientar el futuro? ¿Con qué convicción defenderán el Estatuto los que lo votaron y lo hicieron posible? ¿Son posibles posiciones equivalentes en el Parlamento catalán y en las Cortes generales?

Las dudas e interrogantes que se plantea la sociedad catalana de cara a los próximos comicios son de una entidad sobresaliente. Hoy y desde el debate monográfico sobre la sentencia, que se produjo en julio en el Parlamento de Cataluña, las posiciones de los partidos se han hecho evidentes. Todos han creído erigirse en intérpretes de nuevas voluntades mayoritarias expresadas en la calle. La mayoría han expuesto los fines que persiguen aunque muy pocos se atreven a definir los medios con que plantean alcanzarlos.

Casi nadie piensa en las tensiones a las que se somete desde todos los frentes al conjunto de la sociedad catalana. Casi nadie en España se plantea los riesgos que se asumen y la carga de profundidad para la convivencia de los pueblos de España que ha supuesto la sentencia.

Los que aún creemos que existe un itinerario compartido buscamos razones para convencernos que no nos hemos equivocado, necesitamos certezas tangibles que acerquen el imaginario colectivo catalán a un plausible horizonte federal. Porqué Cataluña está cansada de pedir y esperar "generosidad federal" y ha dejado claro ya que los términos del pacto son políticos y no admiten conceptos subjetivos como la generosidad y sí solo los términos de la "lealtad" al pacto.

Los tiempos sociales y los tiempos políticos pueden haber perdido el compás como apuntaba recientemente Manuel Castells. De consumarse el divorcio, el conflicto está servido. De ahí que muchos estén ya construyendo sus discursos al margen de España, dibujando un horizonte utópico que, aunque a menudo vacío de argumentos, suscita entusiasmos.

De vez en cuando contemplo, con cierta ternura, la magnífica fotografía que Adolfo Suárez Illana hizo de su padre y del Rey. Ambos compartieron un gesto de coraje político sin precedentes. Ambos consumaron en la Transición un primer reconocimiento preconstitucional de la singularidad institucional y política de Cataluña, y restablecieron la Generalitat con el retorno del president en el exilio, Josep Tarradellas. ¿Existe hoy coraje político para mantener el tono y el sentido de aquella decisión histórica y sin precedentes?

Estamos ante una nueva encrucijada, en un momento sensible y delicado de nuestra vida política. Es en estas circunstancias cuando se calibran los liderazgos auténticos que vencen la adversidad y construyen futuro.

Para los que dudan conviene recordar que el propio president José Montilla ha dejado meridianamente claro que en su elección antepone Cataluña a cualquier otra adscripción.

Joaquim Nadal i Farreras es consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña.