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Los agujeros de la crisis en las cuentas públicas / 2

Los Ayuntamientos exigen poder endeudarse para esquivar la ruina

Economía incumple la ley que le obliga a financiar a los municipios a través del ICO - Madrid reclamará al Gobierno una indemnización por la demora

La ruinosa situación de los Ayuntamientos ha logrado algo excepcional en el paisaje español: la unanimidad de los políticos. Los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de todos los partidos, se pusieron de acuerdo hace un mes para enviar una carta a los máximos responsables del Ministerio de Economía. En ella pedían eliminar la prohibición de endeudarse para los Ayuntamientos a lo largo del próximo año. Esta unanimidad obedece a un motivo aplastante: una deuda superior a 12.000 millones de euros y el desplome de los ingresos amenazan con paralizar la actividad de muchas corporaciones locales. De este colosal agujero en las cuentas públicas, 3.425 millones corresponde a las empresas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales, según los datos que maneja el propio sector.

La deuda local roza los 30.000 millones; la de Madrid es el 25% de toda España

Taguas: "Estamos ante un problema de insolvencia, no de falta de liquidez"

Si alguien puede saber hasta qué punto aprieta en los ayuntamientos la falta de fondos, ese es Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe. "Nos mandan más competencias sin las transferencias económicas correspondientes. Si hace falta, me ato a los leones del Congreso y me pongo en huelga de hambre", declaraba a este periódico hace dos semanas. Castro argumenta que la prohibición de endeudarse a largo plazo paralizará la actividad de muchos municipios.

En el ministerio responden que esta medida se tomó de acuerdo con otras fuerzas políticas en el marco del pacto de Zurbano, el pasado mayo. "Hemos aprobado ajustes para todas las administraciones. Solo pedimos a los Ayuntamientos que no incurran en nuevo endeudamiento", señalan fuentes gubernamentales. "Entendería este esfuerzo si se impidiera endeudarse al resto de administraciones. Pero solo se aplica a las locales, cuyo peso en la deuda es mínimo respecto a la del Gobierno central y de las comunidades", responde el concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo.

"En lugar de recurrir a operaciones de financiación habituales, nos vemos obligados a endeudarnos con nuestras proveedoras de servicios. Pero estas empresas ya no lo aguantan más. Grandes grupos han trasladado el problema a la vicepresidenta Elena Salgado y le han anunciado que, si esto sigue así, en septiembre u octubre tendrán que tomar decisiones dolorosas", continúa el concejal madrileño.

Porque el ayuntamiento de la capital, del PP, es uno de los arietes del movimiento que exige al Gobierno vías alternativas con las que obtener financiación a través del endeudamiento. Con unos números rojos de 7.314 millones de euros, una cuarta parte de la deuda municipal de toda España, Madrid ofrece varias alternativas. Entre otras, propone que el Ejecutivo retire la exigencia de cancelar las pólizas de crédito a corto plazo a 31 de diciembre o que ponga en marcha una línea del ICO para financiación local. Esta última es, más que una propuesta, una exigencia.

Y es que la recién aprobada ley de morosidad establecía que el Gobierno dotaría en un mes "una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas anteriores al 30 de abril de 2010". Hace dos semanas que se ha cumplido el plazo y este instrumento del ICO no está en marcha. "Estamos trabajando en ello, pero es de una enorme complejidad técnica", explican en el ministerio, donde rehúsan fijar un plazo para su puesta en marcha.

El equipo de Alberto Ruiz-Gallardón promete batalla. "A la vuelta del verano, el Ayuntamiento de Madrid entablará acciones judiciales contra el ministerio por incumplir una ley con mandato imperativo. Cualquier reclamación por demora que llegue a partir del día en el que tendría que estar lista la línea del ICO la repercutiremos al Gobierno", asegura el concejal de Hacienda.

En cualquier caso, es dudoso que esta línea de crédito fuera la panacea para solucionar los problemas financieros de los Ayuntamientos. El ICO puso en marcha una línea similar, dotada con 3.000 millones de euros, a la que muy pocos municipios recurrieron. "No la usaron, porque este dinero sí hay que devolverlo a tiempo al ICO, no como la deuda con las empresas. La música que suena ahora es parecida a la del año pasado, pero las circunstancias son mucho más agobiantes. Las contratas amenazan con más despidos y con dar un peor servicio a los ciudadanos", explica Francisco Jardón, representante de las filiales de medio ambiente de las grandes constructoras.

Pero el problema no es solo que la iniciativa del ICO tuviera poco éxito el año pasado. Además, en el sector dudan que este instrumento sea poco más que una tirita para una herida muchísimo mayor. Así opina David Taguas, presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras. "Creo extremadamente difícil que el ICO lo ponga en marcha. Pero además, la financiación local no se resuelve con una línea de 3.000 millones. Es mucho más grave. Aquí estamos ante un problema de insolvencia, no de falta de liquidez. Y los problemas de solvencia no se solucionan con una línea de crédito", asegura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de agosto de 2010