La libertad comienza en casa

Uniéndose a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, el Gobierno de India amenaza con bloquear los servicios de BlackBerry si Research in Motion (su fabricante) no acepta su petición de obtener privilegios para la vigilancia de sus comunicaciones. Y parece que planea ampliar sus peticiones a servicios ofrecidos por otras compañías, como Google o Skype. De esa decisión se desprenden dos conclusiones: que el tipo de Gobiernos que exigen la capacidad de controlar las comunicaciones no se limita a regímenes autoritarios y que las empresas tecnológicas deberán encontrar el equilibrio entre la adecuada protección de las libertades civiles y la respuesta a los problemas de seguridad nacional.

Durante la última década, aun los países más democráticos han buscado un mayor control de las comunicaciones en aras de la seguridad nacional. Pero India, EE UU y otras democracias deben entender que es necesario para ellos predicar con el ejemplo. Dado que EE UU ha ampliado sus programas de vigilancia electrónica sin prestar demasiada atención a las libertades civiles, no debería sorprenderse cuando otros países se remiten a su legislación para justificar medidas similares, tal y como hicieron los Emiratos Árabes la semana pasada. EE UU, India y otras democracias deben poner orden en sus propias casas antes de dedicarse a promover la libertad en Internet en el extranjero.

Al mismo tiempo, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y evitar ser cómplices de abusos por parte de algunos Gobiernos, que ejercen una gran presión sobre compañías que desean acceder a mercados importantes. Estas deberían ofrecer una mayor transparencia sobre cómo sus productos pueden poner en riesgo la privacidad de sus clientes.

Ahora que Google y Skype están en la lista de India, otras empresas deberían tomar nota y aprender que deben defender enérgicamente normas legales que respeten los derechos humanos allí donde hacen negocios, sean países democráticos o no. Además, deben colaborar con grupos pro derechos humanos para establecer sistemas basados en la legislación vigente en esa materia. De lo contrario, sería fácil para los Gobiernos acosar, una a una, a las empresas para exigirles más concesiones que acaben mermando la libertad en la Red.

Cynthia Wong es investigadora en el Centro para la Democracia y la Tecnología de EE UU.