El juez autoriza la marcha 'abertzale' de hoy en contra del criterio del fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu autorizó ayer, en contra del criterio policial y de la fiscalía, la manifestación con que la izquierda abertzale abre tradicionalmente la Semana Grande de San Sebastián. El magistrado justifica su decisión en que el Gobierno vasco no había prohibido la marcha, y que lo habría hecho de haber apreciado indicios de la comisión de algún delito. No obstante, el juez ordena a Interior que vigile la manifestación e impida el enaltecimiento de "personas, grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales", así como actos de "menosprecio o humillación a las víctimas".

Nada más conocer la decisión, Interior resolvió cambiar el recorrido de la marcha para evitar que interfiera en el inicio de la Semana Grande, de forma que en lugar de concluir en el Boulevard deberá hacerlo en la plaza de Okendo. La protesta está convocada a las 17.30 y el acto oficial de inicio de las fiestas está previsto a las 19.00 en los Jardines de Alderdi Eder, justo al lado del lugar donde iba a acabar la marcha.

Andreu sostiene que los antecedentes de los firmantes no limitan sus derechos

La consejería recalca que actuó siguiendo los trámites habituales

La manifestación, con el lema "Euskal Herriaren eskubideen alde" ("Por los derechos de Euskal Herria"), fue convocada por un grupo de "ciudadanos de San Sebastián", como se definieron cuando la presentaron públicamente el paasdo día 4, que, según el fiscal, está integrado por personas relacionadas con la izquierda abertzale que han sido dirigentes o candidatos de diversas formaciones del entorno de Batasuna. Seis de los siete firmantes, según los investigadores policiales, están relacionados con formaciones que han sido ilegalizadas.

El fiscal pidió la prohibición de la marcha al tratarse, en su opinión, de una convocatoria encubierta de una iniciativa que en ediciones anteriores ha sido aprovechada para que los participantes gritasen a favor de ETA y protagonizasen graves altercados.

Sin embargo, el juez señala que el promotor del llamamiento, Gorka Goyache, realizó la oportuna notificación a Interior y la consejería, "después de examinar las circunstancias concurrentes", estimó que la marcha se encuentra dentro de los límites constitucionales y decidió no prohibirla.

Para Andreu, es la autoridad gubernativa la que tiene a su cargo la seguridad ciudadana y la prevención de delitos, por lo que si Interior hubiera apreciado la existencia de indicios sobre la comisión de un presunto delito, no habría permitido la manifestación y lo habría comunicado "como es su obligación" a la autoridad judicial.

El juez agrega que de los informes policiales recabados "no puede inferirse la existencia de ilícito penal, pues en ningún momento hasta la fecha se hace referencia a que en el acto convocado se vayan a realizar actos de enaltecimiento a personas, grupos o elementos terroristas o menospreciar a sus víctimas". Con esos datos no es posible limitar el derecho de manifestación, so pena de incurrir, sigue el juez, en un "derecho penal de autor", que castiga no lo que la persona haya hecho, sino lo que pueda hacer en virtud de sus antecedentes, lo que vulneraría las garantías del proceso.

No existiendo indicios de delito, el juez autoriza la manifestación, pero ordena a Interior que impida actos de enaltecimiento o apoyo a ETA y organizaciones de su entorno, así como "la utilización de pancartas, lemas o eslóganes" que puedan suponer amenazas a personas e instituciones.

Fuentes de Interior recalcaron a EL PAÍS que el procedimiento de remitir un informe a la fiscalía para que esta plantee al juez una petición en uno u otro sentido resulta habitual cuando es un tercero el que pide la prohibición de una manifestación, como en este caso hizo a la Audiencia Nacioanl la asociación Dignidad y Justicia. "El juez va a tener que pronunciarse de una u otra manera, luego parece razonable que le aportemos toda la documentación y que lo haga él", añadieron estas fuentes. "No vamos a polemizar [con el juez], pero siempre que había un recurso se hacía de esta manera", sostuvieron.

La Ertzaintza establecerá un dispositivo para garantizar que la marcha se atenga a lo dispuesto por el juez en su auto.