CiU y PP congelan la Sindicatura

Los partidos catalanes se han hartado los últimos meses de reclamar la renovación del Tribunal Constitucional, con cuatro de sus miembros con el mandato caducado, para intentar enderezar el Estatuto. Aunque, finalmente, no tuvieron éxito, la demanda puso sobre la mesa la anomalía que vivía el Alto Tribunal. Sin embargo, la pulcritud de algunas formaciones no tiene su eco en Cataluña: la Sindicatura de Cuentas, el ente que fiscaliza los presupuestos de los organismos públicos, tiene pendiente la renovación de cuatro miembros -incluido el síndico mayor, Joan Colom- desde febrero pasado. Uno de ellos, Alexandre Pedrós, propuesto por el PP, murió en junio, y su plaza está vacante. Para elegir a los miembros de la institución se necesitan tres quintas partes de los votos en el Parlament, lo que obliga al tripartito a ponerse de acuerdo con CiU o el PP.

El tripartito teme que CiU controle el ente fiscalizador y dificulte su trabajo

En los Gobiernos de Pujol, la Sindicatura retrasó los informes incómodos para CiU

Pero la Sindicatura se quedará como está hasta después de las elecciones, previstas para octubre, a la espera de nuevas mayorías. El bloqueo de CiU y PP se evidenció en el penúltimo pleno de la legislatura, cuando se negaron a proponer sus candidatos: "Las instituciones deben renovar cuando toca, y no estar sometidas a calendarios electorales", denunció David Pérez, del PSC. Se sumó Dolors Camats, de Iniciativa: "Desde febrero hemos intentado renovar la Sindicatura. No será posible, y nos dicen que es porque el calendario electoral está demasiado cerca".

Ambos aludieron a los bandazos que dio CiU para justificar su bloqueo. Primero se escudó en que estaba pendiente un cambio en la ley de la Sindicatura, una norma que llegó al pleno en mayo. Caducada esta excusa, CiU anunció que esperaba a las elecciones: "Es mejor acompasar esta renovación con el calendario electoral", argumentó Oriol Pujol, el portavoz parlamentario. Camats le respondió en el hemiciclo: "La forma de elección debe ser independiente de las mayorías en el Parlament", sostuvo. Los mandatos de los síndicos son de seis años, una validez fijada en la ley para que la Sindicatura no dependa de las legislaturas.

Pero la intención de CiU es otra. Lanzados en los sondeos, los nacionalistas confían en obtener una holgada victoria que, traducida en un mayor número de escaños en el Parlament, le permita exigir tres puestos en la Sindicatura, uno más que ahora. Ello le daría el control del ente -formado por siete miembros- y dejar a uno de los partidos pequeños sin síndico. Con el PP apoyando el bloqueo, ICV-EUiA teme ser perjudicado.

El tripartito cree que el control de CiU en la Sindicatura se traducirá en una opacidad que, denuncian, ya tuvo precedentes en los gobiernos de Jordi Pujol. Los episodios turbios y los bloqueos se sucedieron, sobre todo en la última legislatura de CiU en el poder. En 2000 se evidenció el retraso con el que algunas cuentas llegaban al Parlament: la Sindicatura presentó con 515 días de demora la revisión de las cuentas de 1997.

También aquella época se vivió un bloqueo, aunque propiciado por la división entre los síndicos de CiU: el ente estuvo paralizado 15 meses por la incapacidad de escoger un síndico mayor, que necesitó de 50 votaciones para ser elegido. Todo ello produjo la congelación de informes que acusaban a CiU, amontonados en los cajones de la Sindicatura. Tres años tardaron en redactar la fiscalización del caso Pallerols, de presunta financiación irregular de Unió a través de fondos de la Unión Europea, un informe que para colmo de irregularidades fue rechazado por incompleto. En 2002, las excusas rozaron ya el mero surrealismo: el síndico mayor paralizó durante dos meses una petición por carta a los Ayuntamientos -solicitando información acerca de una empresa propiedad de un hijo de Pujol- justificando que no tenía dinero para comprar los sellos. Tanto despropósito era habitual en aquellos años.

La elección de Joan Colom como síndico mayor, con el tripartito en el Gobierno, propició jornadas más tranquilas para la Sindicatura. Los grupos de la izquierda, con la transparencia como bandera, jalearon al ente en los primeros años al frente del Ejecutivo, cuando detectó numerosas irregularidades de los gobiernos de CiU. Cuando tocó indagar en las cuentas del tripartito -por ejemplo, las irregularidades detectadas en la construcción del Hospital del Baix Llobregat, cuyas obras se pagaron dos veces-, la Sindicatura no se ahorró las críticas, aunque ha podido seguir trabajando sin preocuparse por si faltaban sellos.