Una sentencia que llega demasiado tarde

Plácido Moreno tiene 80 años y pasó 27 en la fábrica de Uralita de Getafe, donde, durante ocho horas al día, manipulaba fibras de amianto. "Jugábamos con él, nos lo tirábamos a la cara. A veces echábamos la siesta en medio del polvo". Lo llevaban en los bolsillos, lo respiraban, se les metía en la comida. Después, en casa, sus mujeres sacudían y lavaban los monos de trabajo, aspirando estas fibras microscópicas que pueden provocar cáncer de pulmón, asbestosis (una enfermedad pulmonar) y mesotelioma (cáncer de pleura). Tendían la ropa en los tendederos sin preocuparse. Las partículas de amianto flotaban entonces en casas y calles de Getafe. Por eso entre las víctimas no hay solo trabajadores: Esperanza Alonso, la mujer del ex operario Julio Arroyo, murió hace tres años con amianto en la pleura.

"Nada le paga a uno la salud", dice Plácido, que recibió 95.000 euros

Hace menos de un mes el juez decidió que la indemnización a 15 trabajadores afectados -1,4 millones de euros, aunque Uralita ha recurrido la sentencia- no quedara en depósito hasta el fin del proceso judicial, como pedía la compañía. El miércoles Plácido recibió 95.000 euros, pero decía con media sonrisa que "nada le paga a uno la salud". Por lo menos a él le llega a tiempo.

Los ex empleados de Uralita son supervivientes de "una lucha", como llama a los juicios otro ex operario, Antonio García. Tiene 75 años, casi una treintena en la fábrica y cuatro sabiendo que tiene amianto incrustado en las paredes del páncreas, "aunque por ahora está quieto". Él no ha cobrado: forma parte de una segunda demanda que acaban de presentar, por lo social.

El tiempo de vida tras ser diagnosticadas estas enfermedades varía de meses a décadas, porque los hay que se mueren de viejos. Pero lo cierto es que de los 15 indemnizados esta semana quedan cinco vivos, y de los 40 de la segunda demanda solo viven 25. La fábrica de Getafe -que llegó a emplear a 1.500 obreros- funcionó hasta 2001, cuando el amianto se prohibió en España. Antonio se enfada: "Ellos lo sabían. Nosotros llegábamos de los pueblos a trabajar, ¿qué íbamos a saber?". Asegura que "tenían que declararlo tóxico, prejubilarnos; pero los médicos estaban comprados".

Las historias médicas tienen páginas arrancadas, según Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Víctimas de Amianto (Avida) de Madrid. Ni rastro de enfermedades que se puedan relacionar con la fábrica. Uralita ha rechazado hacer declaraciones a este periódico. Paúl señala que en el juicio la compañía afirmó que aplicaba la legislación vigente en la época, pero asegura que "aunque lo hiciera, eso no les exime de la responsabilidad de los daños a sus trabajadores".

El terreno que en los setenta ocupaba el gigante de Uralita es hoy, aparte de algunas naves, suelo yermo en el que operan las grúas. Paúl teme que levanten polvo de amianto. En Avida -que reúne a unas 200 familias- por ahora no conocen casos de vecinos afectados, a diferencia de los recientemente indemnizados de Cerdanyola y Ripollet.