Las constructoras frenan las obras públicas por los impagos de Fomento

El plan de recortes de obras públicas anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado día 22 de julio solo incluía en Andalucía tres tramos de la A-32 en la provincia de Jaén. Pero eso es solo la teoría. La realidad es que buena parte de las obras no se ejecutan al ritmo que deberían porque las constructoras han decidido frenarlas, cuando no paralizarlas, ante los retrasos en los pagos de las certificaciones por parte del ministerio.

"Algunas empresas han decidido que hasta aquí hemos llegado porque llevan hasta seis y siete meses sin cobrar", reconoce el presidente de la Cámara de Contratistas de Andalucía, Antonio Frade, que enfatiza que las constructoras que han echado el freno lo han hecho forzadas por esta situación de demora que a muchas de ellas no les da otra alternativa. "Ninguna empresa quiere dejar de hacer una obra, pero todas quieren cobrar por lo que hacen", insiste.

El abono de las certificaciones se llega a demorar hasta 150 días

Obras Públicas, que "paga bien", debe casi 300 millones a los contratistas

Entre las obras afectadas se encuentran el tramo Bobadilla-Granada que es el que corresponde a Fomento de la línea de alta velocidad transversal, los cinturones de circunvalación de las dos principales capitales (SE-40 e hiperronda de Málaga), o el soterramiento de la travesía de la A-7 por San Pedro Alcántara, uno de los puntos de más conflictividad en el tráfico en la red viaria andaluza. CC OO denunció ayer que sólo en esta última obra, que ejecuta OHL, se han despedido a 200 trabajadores y que si bien se ha reactivado la obra en la parte exterior, la construcción del túnel está paralizada.

También está ralentizada la construcción del segundo puente de acceso a Cádiz, aunque el ministro de Fomento se reserva "una solución ad hoc" que anunciará el próximo día 24 que permita que la obra esté concluida para 2012, ya que es uno de los emblemas de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812.

Según Frade, las dificultades para el cobro de las certificaciones se arrastran desde comienzos de año, pero ahora han llegado ya a una situación límite. Normalmente, en la mayoría de las infraestructuras, las certificaciones las firma el director de la obra designado por la Administración previa presentación mensual de una lista con los trabajos realizados por parte de las adjudicatarias. Lo habitual en los contratos es fijar plazos de pago de 30 o 60 días, pero el problema, según Frade, es que Fomento ya acumula en muchos casos hasta 150 días sin abonar certificaciones, lo que ocasiona serias dificultades financieras a las empresas, que encuentran además que las entidades financieras les exige la devolución de los adelantos sin admitir prórrogas. Y lo peor es lo que viene, pues según el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, Fomento ha trasladado mensajes de que apenas dispone de liquidez para hacer frente a certificaciones en lo que queda de año.

"La situación es muy grave", insiste Frade. La Cámara de Contratistas trabaja en la elaboración de un inventario sobre todas las deudas acumuladas por las distintas administraciones con empresas constructoras. De momento sabe que sólo la Consejería de Obras Públicas adeuda casi 300 millones de euros, aunque según Frade, la Junta "paga muy bien y es posiblemente la comunidad que mejor lo hace". Pero no todos los departamentos, porque la Agencia Andaluza del Agua tiene la etiqueta de muy mala pagadora, con obras sin pagar desde hace más de siete meses.

De momento no hay una respuesta única de las contratistas, aunque el panorama para los próximos meses es de práctica paralización. Cada empresa actúa hasta ahora en función de sus posibilidades financieras y también del estado y características de las obras, ya que no se puede parar en cualquier momento. Por ejemplo, si se deja en suspenso una carretera que está a cota de tierra, pendiente de firme y refuerzo, se corre el riesgo de que unas lluvias la destrocen por completo.