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Andalucía reduce a cuatro casos su denuncia sobre los menores

El presidente canario exige disculpas a la consejera andaluza

La Junta andaluza redujo ayer a solo cuatro los casos de menores inmigrantes que llegaron de forma supuestamente irregular desde centros de protección de Canarias hasta el aeropuerto de Granada. La consejera andaluza de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, había acusado el martes en una entrevista a Europa Press al Gobierno de Canarias de facilitar a 40 menores los billetes de avión y autobús a través de la Cruz Roja. Ayer ya no responsabilizó directamente al Gobierno canario: "No me planteo una disculpa porque solo he descrito una realidad. (...) Tenemos contrastado que una ONG [Cruz Roja] les sacó el billete y lo que he dicho lo mantengo".

Mientras, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, exigió ayer a la Junta andaluza que pida disculpas y solicitó, en declaraciones a la cadena SER, que "no se escude en Canarias para un problema que es de Andalucía". El Gobierno canario reiteró ayer que no ha trasladado nunca a ningún menor extranjero hasta Andalucía.

El Ejecutivo andaluz envió a la Secretaría de Estado de Inmigración datos de 40 menores para su análisis, porque estima que provienen de otras comunidades -no sólo de Canarias- y que estas deberían acogerlos en sus centros. Asimismo, estudia otros 70 casos de menores, la mayoría de ellos subsaharianos, que según cree proceden de Canarias. Pero el Gobierno central no tiene potestad para investigar el asunto. "La movilidad de estos menores es notoria y se lo transmitimos a la Secretaría de Estado para que tome nota", aclaró ayer Josefa Vázquez, subdirectora de Infancia y Familia de la Junta. Vázquez admitió que los cuatro casos de menores que supuestamente viajaron directamente de Canarias a Andalucía, pese a no existir convenio entre ambas comunidades, "no son muchos en comparación con el volumen del que hablamos", unos 110 casos. "No creo que sea una guerra entre comunidades, sino de cifras", matizó. Los casos denunciados no cuentan con pruebas documentales, sino que se basan exclusivamente en el testimonio de los adolescentes.

El portavoz del PP en la comisión de Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, acusó al Gobierno de "mirar para otro lado y dejar que las comunidades autónomas se enfrenten entre ellas". Carlos Arce, de la Asociación Pro Derechos Humanos, tildó las declaraciones de Navarro de "radicalmente alucinantes porque ignoran la protección del menor y fomentan una imagen de que este representa una carga".

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