El fiscal pide 10 años de cárcel para 43 activistas de la izquierda 'abertzale'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 10 años de cárcel para cada uno de los 43 acusados en el sumario abierto por el juez Baltasar Garzón a integrantes de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) por delito de integración en ETA. La calificación del fiscal se refiere a uno de los últimos sumarios instruidos por Garzón contra el entorno de la banda terrorista en 2008, antes de iniciar la investigación del franquismo que le ha costado la suspensión de funciones por el Tribunal Supremo.

Entre los acusados figuran los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, María Teresa Díaz de Heredia y Marije Fullaondo; las ex parlamentarias vascas del PCTV Nekane Erauskin y Karmele Berasategi; y el presidente de ANV, Kepa Bereciartúa. El pasado 1 de diciembre, Garzón sacó de este procedimiento a Rufino Etxebarria, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Permach, que serán juzgados en otra causa diferente por la supuesta financiación de Batasuna y ETA a través de las herriko tabernas.

Pernando Barrena, Petrikorena y Nekane Erauskin, entre los acusados

El fiscal asegura que ANV y PCTV tenían un sistema financiero común

El escrito del fiscal da cuenta de la instrumentalización por Batasuna de las formaciones legales ANV y PCTV para tratar de esquivar así la legalidad y utilizarlas para sus fines.

Según explica, la colaboración entre Batasuna y ANV "se compró" con una reunión de los integrantes de Batasuna Joseba Permach e Ibon Arbulu con dirigentes de ANV, y se centró en la participación de este partido en todas las iniciativas de la izquierda abertzale, en actos orgánicos de Batasuna y en peticiones de voto a favor de sus agrupaciones electorales. "La metamorfosis radical y al servicio de los fines terroristas sufrida por ANV se evidenció en actos que mimetizaban los realizados en su día por la propia Batasuna, reflejando la entrega del testigo del 'frente político institucional", añade.

A partir de que ANV accediera a los Ayuntamientos, fue "especialmente ilustrativa" su participación en la campaña contra el tren de alta velocidad, como forma de "incardinación en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA".

De manera similar, el PCTV fue "fagocitado" por Batasuna: un partido creado en 2002 y que no había tenido actividad política hasta las elecciones al Parlamento vasco de 2005 consiguió nueve escaños en dichos comicios, "unos resultados imposibles que solo se explican por haber sido la candidatura de Batasuna", dice el fiscal.

El escrito, elaborado por Vicente Mota y Dolores Delgado, detalla a lo largo de 286 folios la relación entre las tres formaciones, y singularmente el sistema de centralización de ingresos y caja única utilizando el servicio de banca online para realizar las transferencias entre las cuentas de ANV y PCTV.

La fiscalía dedica medio centenar de folios a desmenuzar cada una de las transferencias realizadas desde la cuenta del grupo parlamentario del PCTV a personas vinculadas al entramado ETA-Batasuna. Después hace lo propio con las facturas pagadas por este partido por el alquiler de locales para ruedas de prensa de Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Batasuna, o viajes al extranjero de integrantes de esa formación abertzale radical. Entre estas facturas figuran las de la funeraria y el tanatorio del servicio al etarra Jokin Gorostidi Artola.

El fiscal dedica un centenar de folios a detallar la participación de los acusados en los hechos delictivos, y concluye su escrito solicitando que se declare la ilicitud y disolución del partido político PCTV y de ANV. Ambos están ya ilegalizados, y cancelada su inscripción en el registro de partidos políticos.