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Análisis:

Más inversión en políticas activas

Los problemas vinculados a la activación de los trabajadores desempleados, sobre todo cuando están percibiendo algún tipo de prestación económica, forman parte de la agenda laboral europea prácticamente desde el momento en que se generalizaron, durante el periodo central del pasado siglo, sistemas de protección del desempleo en la mayoría de los países de la Unión Europea.

En realidad, aunque a primera vista pudiera resultar paradójico, las políticas activas de empleo surgen desde la constatación de que resulta eficiente gastar más -invertir es en realidad la palabra adecuada- en construir buenos servicios públicos de empleo. Porque de esa forma, si se reduce el tiempo de permanencia en el desempleo, los ahorros en el pago de prestaciones compensan casi siempre el gasto en activar a los parados.

Pero además, al invertir en ayudar y estimular a los desempleados a encontrar empleo y a las empresas a reclutar, formar y contratar trabajadores, se mejora la capacidad de ajuste entre oferta y demanda de trabajo, obteniendo un equilibrio más eficiente en el funcionamiento económico. Precisamente por ello, aquellos países que han enfatizado el papel de las políticas activas -los países nórdicos en Europa tienen un merecido buen lugar en este ámbito- nunca lo han hecho al precio de reducir el papel de las denominadas políticas pasivas (este es el calificativo empleado para aludir al sistema de protección de los desempleados), sino invirtiendo en la política activa hasta conseguir emplear más recursos en ellas que los destinados a subsidiar el desempleo.

Por supuesto, las situaciones de crisis suelen ser propensas para que los Gobiernos piensen más en cómo reducir el gasto en desempleo -aunque obviamente es durante las crisis cuando más se necesita- en un contexto en el que la reducción de la actividad económica dificulta la recoloca-ción de los parados. Pero para llevar este tipo de estrategias a la práctica es mejor hacerlo mirando hacia los modelos que mejores resultados han logrado. España, por ejemplo, es el país que menos gasta en Europa en el impulso de sus servicios públicos de empleo. Teníamos, antes de la crisis, los peores índices en volumen de personas ocupadas en los servicios de atención para activar y recolocar a los desempleados. En proporción a nuestro tamaño, los servicios de empleo españoles son seis veces menores que los de Francia, 12 menos que los del Reino Unido y 18 veces más reducidos que los de Alemania.

Por todo esto, si el Gobierno, con toda la razón, se plantea la mejora de las políticas activas de empleo, lo adecuado es que empiece por consolidar una estrategia creíble y prolongada de impulso de los servicios públicos de empleo, buscando también la colaboración de las agencias privadas. La penalización de los parados que no acepten un empleo adecuado ya existe en nuestra legislación. Y lo que debe existir cuanto antes son buenos servicios que movilicen todos los recursos disponibles para acortar la permanencia de los trabajadores en el desempleo.

Valeriano Gómez es economista del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de agosto de 2010