Personalidades de Vitoria informaron sobre otras a los 'ertzainas' imputados
Las notas de Telleria citan como fuentes a José Antonio Gordo y Aitor Otaola
El escándalo del espionaje político en Vitoria se abre a sorpresas mayúsculas. El juzgado número 4 de la capital alavesa investiga, además de a los ertzainas y al dirigente del PNV imputados por presunto espionaje político, el papel que pudieron jugar en la trama diversas personalidades, algunas muy conocidas en la sociedad vitoriana.
Entre los secretos que el registro judicial a los despachos de Aitor Telleria desveló para la investigación en curso figuran los nombres de esas personas informantes, ya que los agentes no ocultaban ni camuflaban la identidad de sus fuentes a la hora de enviar los informes al entonces dirigente del PNV alavés, ni éste se deshizo de los documentos una vez leídos.
El director adjunto de SEA, citado como fuente que dio detalles de Farto
A Gordo le atribuye 'Karlitos' información sobre Jesús Marcos, jefe de Urbanismo
El ertzaina de la Unidad de Información y Análisis (UIA) que se autoidentifica como Karlitos cita y detalla en sus reportes a Telleria conversaciones con el conocido promotor y constructor José Antonio Gordo. A este reconocido hombre de negocios atribuye el agente las informaciones que pasaba al dirigente del PNV acerca de Jesús Marcos, director de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria desde la llegada al poder local de los socialistas en 2007.
El de Marcos es un nombre a añadir a los de los supuestos espiados cuyas identidades se han filtrado ya, pese al secreto que pesa todavía sobre la instrucción. El informe sobre él habla, incluso, de la posibilidad de obtener fotografías que pudieran documentar los comentarios sobre el alto funcionario municipal que el agente obtiene de Gordo. Empresas como Opakua, Pedreira, Zufiaur, Jardinería Perica o Talleres Ondo aparecen citadas, según el informe de Karlitos, en el curso de la conversación.
Gordo adquirió poder y estatus en la capital alavesa como presidente de la emblemática Covivi (Cooperativa Vitoriana de la Vivienda), que ha construido un número ingente de pisos desde los años sesenta. Más recientemente, se hizo con gran parte del suelo de la última expansión de la ciudad en Salburua y Zabalgana. También se introdujo en el campo mediático como fundador de El Periódico de Álava y accionista de Canal Gasteiz. Decía no ser persona de siglas, pero nunca ocultó su proximidad con el histórico hombre fuerte del PNV en Álava, José María Gerenabarrena, ya fallecido, y tío del actual presidente del ABB. Uno y otro tuvieron un gran peso en Caja Vital durante los veinte años de dominio del PNV, hasta el cambio de mayoría en 2000. Poco antes, una auditoría interna afloró varias operaciones de Gordo perjudiciales para la entidad financiera. La mayoría del PNV le protegió, negándose a validarla en el consejo, y desairando así al entonces presidente, Juan María Urdangarín. Al mismo tiempo que el PNV perdió su posición de dominio en la entidad, Gordo se replegó a los negocios. En el caso conocido como Casa del Santo, la institución quebrantada habría sido la Diputación. El PSE-EE, entonces en coalición con el PNV en el gobierno foral, echó atrás una operación para comprar el inmueble por siete veces el precio tasado cuatro años antes. La sospecha de financiación del PNV flotó siempre en el aire durante la investigación realizada por las Juntas Generales.
Otra de las personas de peso con las que los ertzainas se entrevistaban y de las que obtenían información que pasaban a Telleria fue, según escribieron en sus informes, Aitor Otaola. En este caso, se trata del director adjunto de la patronal alavesa, SEA, donde ha realizado el grueso de su carrera profesional.
Se da la circunstancia de que uno de los primeros nombres que se conoció, entre las presuntas víctimas de seguimiento, fue el de José Manuel Farto, que fue secretario general de esta asociación empresarial alavesa entre 2001 y 2006. En ese tiempo mantuvo una colaboración muy estrecha con Aitor Otaola, entonces director de estudios, a quien los agentes autonómicos al servicio de Telleria citan en 2008 como fuente de diversas informaciones concernientes a Farto.
Para entonces, Farto estaba ya de vuelta al Ayuntamiento, del que es funcionario, y en el que dirigió el Departamento de Promoción Económica, cuando Otaola facilitó presuntamente datos sobre él. El retorno lo había hecho como asesor personal del alcalde, Patxi Lazcoz, para proyectos estratégicos. En la misma época se implicó públicamente en la Red para el Cambio que apoyó a Patxi López y en su precampaña de candidato a lehendakari. Algo después se conoció que adjudicó un estudio a un ex socio, en una actuación que el alcalde atribuyó a "un error" y por la que le sancionó, pero a la vez le mantuvo en el puesto, por confiar Lazcoz en que obró "de buena fe".
Entre el tejido de informantes que tenían los ertzainas imputados, hay personas más y menos conocidas, del mismo modo que las hay entre los espiados. Algunas son incluso perfectos desconocidos y se las señala por un simple parentesco. De una, por ejemplo, se fichó el puesto de trabajo que ocupaba y su desafección al nacionalismo, para apuntar sucintamente luego que el Museo Artium, la entidad que contrataba a su empresa, es propiedad de la Diputación alavesa, en manos del PNV en el momento de redactarse los informes. ¿Una forma de sugerir, tal vez, por qué procedimiento se podría prescindir del empleado en cuestión? Se trataba, simplemente, de un familiar de un concejal del PP.
![Una acción de <i>ertzainas,</i> llevada a cabo en Vitoria.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/5KJKF7Y5Z7XZDUGS3EESMRRE6E.jpg?auth=38a6f9d70b4f2c703058f4ba7aad94ad0fa0d1aa2a7b95cd58750072d0027c92&width=414)
¿Qué hacía Telleria con los datos?
El cada vez más
caso Telleria,
con su doble dimensión de presunta corrupción y espionaje, está descubriendo, en esa segunda derivación, una penosa realidad: la de que en Euskadi existen ciudadanos de distintos círculos profesionales y sociales proporcionando información, comentarios, o meros chismorreos, sobre otros ciudadanos, incluso colegas o compañeros de trabajo, a agentes de la ley en misión de control y policía política para dirigentes de un partido.
Quienes conocen el alcance apuntan que unos lo hicieron a plena conciencia, otros puede que con un cierto autoengaño sobre la relevancia y el destino de lo que contaban, y alguno, quizá, incluso embaucado del todo. El caso es que en esa mezcla de dato, chisme y maledicencia, la vida de los demás acababa en manos de, al menos, Aitor Telleria, hombre fuerte en la ejecutiva que preside Iñaki Gerenabarrena. Nadie sabe qué uso dio a sus exclusivos conocimientos. Determinarlo es la clave de la investigación.
Los informantes de los
ertzainas
han recibido un mal pago de estos y del propio Telleria: de los primeros, por dejarlos identificados con sus nombres y apellidos, y del político por conservar los informes en los que constan. Todos pueden verse ante el juez.
Telleria y los
ertzainas
que le reportaban mostraron en 2008 un interés particular por los pasos del máximo dirigente del PSE-EE en Álava, Txarli Prieto, y del entonces presidente de Caja Vital, Gregorio Rojo. También del alcalde, Patxi Lazcoz, del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso y subordinados de éste. Más allá de lo principal, si se cometió un delito, cabe preguntarse por la lealtad. ¿Por qué y para qué actuaba Telleria, si su jefe, Gerenabarrena, tenía ya un pacto con Prieto; si Rojo presidía la entidad de ahorro con el mismo visto bueno; si el mismo acuerdo sostenía a Lazcoz?
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