Los toros, con el Constitucional al fondo

La votación del Parlament, mañana por la mañana, sobre la prohibición de las corridas de toros que incluyan la muerte del animal va a dejar probablemente en segundo plano otros tres asuntos de gran importancia política que la Cámara aborda en el último pleno del curso y, probablemente, de la legislatura: la creación del Área Metropolitana de Barcelona, la de las veguerías y la votación del dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Palau.

Es un fin de curso bastante significativo. La votación sobre las corridas de toros es un asunto de sensibilidad social al que algunos sectores de opinión intentan dar un plus de carga política por la vía de identificar las corridas de toros con la idea de españolidad más castiza, folclórica y tradicionalista, cuando no reaccionaria. Esta interpretación es, obviamente, un abuso, y además no se corresponde con el objetivo de los promotores de la ley, que son las asociaciones que combaten la crueldad y el maltrato de los animales. Pero lo cierto es que, en un ambiente político recalentado por el recorte del Estatuto de Autonomía sentenciado por el Tribunal Constitucional, se ofrece a los diputados catalanes como una tentación muy difícil de esquivar. ¿Cómo resistirse a votar a favor de una fiesta de los toros sin crueldad solo tres meses después de la magnífica fotografía de tres de los magistrados del tribunal contrarios al Estatuto fumándose un puro mientras esperaban la muerte de los toros en la Maestranza de Sevilla? Cosas de la vida: puede que mañana don Pedro Balañá, el empresario taurino por excelencia, pueda contarse entre las víctimas del Tribunal Constitucional. Como el Estatuto, pensará más de un diputado.

enric Company La recuperación del Área Metropolitana de Barcelona y la creación de siete veguerías, en el último aliento del tripartito

La recuperación de una institución de gobierno local para el área metropolitana de Barcelona, una zona que comprende 36 municipios en los que residen más de tres millones de habitantes, la mitad de la población de Cataluña, era uno de los grandes objetivos del presidente Pasqual Maragall. Con este solo dato ya queda claro que llega tarde y mal. Han tenido que pasar siete años desde la llegada de la izquierda al gobierno de la Generalitat para deshacer uno de los entuertos de la etapa del pujolismo, que en 1987 suprimió la entonces denominada Corporación Metropolitana de Barcelona para evitar que se le convirtiera en un contrapoder del Gobierno de la Generalitat. Lo que consiguió fue empequeñecer Barcelona, la capital de Cataluña, justo en el momento en el que Madrid aceleraba su despegue. Ahora, échale un galgo.

Este llegar tarde y mal es lo mismo que ocurre con la creación de las veguerías, la otra ley que se aprobará en este último pleno parlamentario de la legislatura. Las futuras veguerías del Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre llegan recortadas por el Tribunal Constitucional y su creación queda, además, pendiente de sendas modificaciones por las Cortes de leyes orgánicas como la que fija los regímenes provinciales y la ley electoral general. Es decir, están a expensas de lograr unas mayorías en las Cortes sobre las que no hay garantías. El proyecto tiene, además, varios avisos de inconstitucionalidad, por lo que es fácil prever que será fuente de contradicciones y disgustos antes de convertirse en el esquema administrativo sustitutorio de las provincias, que era el sueño de sus primitivos promotores. Si es que eso llega algún día.

Que estas dos leyes se aprueben, como quien dice, en el último aliento del tripartito de las izquierdas es una muestra muy explícita de las dificultades y contradicciones de todo tipo con que este ha tropezado para aplicar su programa. Pueden quedar en papel mojado según cuál sea la mayoría que surja de las urnas en las elecciones al Parlament que van a celebrarse en otoño. Pero también de las que se formen en los ayuntamientos en las elecciones municipales de 2011.

La otra gran cuestión que aborda el Parlament en su último pleno del curso, el dictamen sobre el caso Palau, lleva camino de ser la versión CiU del caso Gürtel y el caso Fabra, que afectan al PP. Se constata la existencia de prácticas en las que se mezcla la obtención de beneficios privados ilegítimos, gracias al disfrute del poder político, con la financiación de los respectivos partidos. El comportamiento deshonesto e inmoral de los políticos implicados no afecta para nada, sin embargo, a las expectativas electorales de la casa madre. Se trata de una derrota de la idea de moral pública a manos, precisamente, de los más dados a predicar sobre moral.