El Palau pide que se impute a las empresas que trabajaron para CDC

Un año después de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau de la Música, los nuevos gestores de la entidad han podido fijar en 35,18 millones la cantidad de la estafa perpetrada por su ex presidente Fèlix Millet. Sin embargo, ahí no terminan los quebraderos de cabeza para quienes rigen el nuevo Palau. Su director general, Joan Llinares, explicó ayer que han recurrido por la "vía judicial" contra cuatro empresas que facturaron a la institución sin haber hecho ningún trabajo en ella, de las cuales tres hacían campañas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Las tres empresas que realizaron campañas para el partido nacionalista -New Letter, Letter Graphic e Hispart- ingresaron cerca de dos millones de euros procedentes del Palau de la Música, según el informe de auditoría encargado a Deloitte. Pero ni los trabajadores del Palau ni los de New Letter y Letter Graphic tienen constancia de que estas tres sociedades recibieran ningún encargo de la entidad. Llinares aseguró ayer que estas tres firmas, junto con la constructora Trioba, "son las que han de configurar la nueva lista de imputaciones" de la causa.

El Palau de la Música está formado por tres entidades. De la Asociación Orfeó Català, la propietaria del inmueble, Millet desvió 13 millones de euros, y la fundación sirvió para distraer otros 17,5 millones. La tercera pata de la institución es el consorcio público, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central. De ahí salieron 4,6 millones de dinero público. Esta cifra es superior a la que la Intervención General anunció en noviembre, cuando cifró su agujero en 2,9 millones de euros. A pesar de ello, Millet sigue sin estar imputado por malversación de fondos públicos. De los 35,1 millones, el Palau ha recuperado hasta ahora 8,3.

La auditoría de Deloitte también señala un posible de fraude fiscal, puesto que la Agencia Tributaria podría reclamar a las entidades un importe de 619.392 euros por el IVA soportado y deducido correspondiente a los ejercicios de entre 2006 y 2009. Llinares señaló que deberá ser Hacienda la que decida si actúa contra Millet, pero añadió que el volumen es suficiente para ser considerado delito.La auditoría de Deloitte es la segunda parte de la que entregó en noviembre de 2009. En ella se amplían, por ejemplo, las salidas de efectivo de las cuentas bancarias a 13,7 millones de euros y se registran movimientos irregulares entre las tres entidades por 16,9 millones. Por ejemplo, la ex directora financiera de la entidad Gemma Montull retiró mediante 19 cheques un importe de 2,99 millones de euros de una cuenta de Caixa Manresa.

El director general del Palau, Joan Llinares, recordó, no obstante, que el informe se ha elaborado con varias limitaciones: los archivos están desordenados, no hay registros de entrada y salida en el Palau, y no hay forma de conocer el destino de los fondos desviados si no lo ordena el juez instructor, Juli Solaz. Además Llinares lamentó que Banesto no haya entregado a los actuales gestores los extractos de la cuenta bancaria que el Palau tiene en la entidad, a pesar de ser el titular de esta y de contar con mandato judicial. Por último, el Palau tampoco ha tenido acceso a la agenda contable de la secretaria de Millet, Elisabeth Barberà, que obra en poder del juez.

Los auditores sí han rastreado, en cambio, los desvíos de fondos que realizó Millet valiéndose de las obras de ampliación del inmueble modernista de Domènech i Montaner. El saqueador confeso consiguió 26,8 millones de euros para financiar el inmueble, de los cuales 16,1 procedían de subvenciones. Sin embargo, las obras costaron 16,37 millones, por lo que se distrajeron 10,43 millones de euros.

Llinares explicó, además, que se han hallado facturas por valor de 2,1 millones que nunca se abonaron y que sirvieron para justificar subvenciones. "Se presentaban a las instituciones, pero no consta que se hayan pagado porque luego las daban de baja", explicó. Se trata, según la auditoría, de una factura de FM2 y 11 de TDA, la empresa de arquitectos cuyo coordinador es Carles Díaz.

Quien tampoco ha devuelto los 72.000 euros que cobró del Palau es el dirigente de CDC Àngel Colom, a pesar de que admitió haberlos percibido. "Esta cantidad forma parte de las salidas en efectivo y se deberá resolver en sede judicial", lamentó Llinares.