La banca siempre gana

Mismo día, dos escenarios diferentes: en un extremo del planeta, el presidente Obama presenta su reforma financiera que pone bridas a la actuación de este sector en su país e impone controles y transparencia sobre todo tipo de las actividades de préstamo e inversión. Mientras, mucho más cerca, el Congreso de los Diputados, aprueba con los votos del PP y del PSOE un precipitado cambio en la regulación de las cajas de ahorros que entrega a las manos privadas, al menos el 50% de estas entidades.

Obama, en una regulación inédita para la historia de EE UU, proclama: "El pueblo americano nunca más tendrá que pagar la factura por los errores de Wall Street", mientras que en nuestro escenario de los leones, la vicepresidenta económica declara también con tono solemne que estamos "ante la reforma más importante que se ha llevado a cabo en el sector desde el siglo XIX y que servirá para dar todavía mayor confianza al sistema financiero español", sobre el cual se deshizo en elogios.

"Es el manifiesto de un presidente y de un equipo económico que confían en los recursos del Gobierno para crear las condiciones que eviten una repetición de la crisis que el sistema financiero [afirma el corresponsal en Washington de EL PAÍS]. Es, en definitiva, el manifiesto de un político que cree en el papel del Estado". Un manifiesto que contrasta con el mensaje evidente del cambio de la regulación española, según la cual, solo es productiva, rentable y fiable la iniciativa privada sin el concurso del Estado.

Los bancos en España no han recibido, en contraposición con EE UU, la más mínima reprimenda por parte del poder político. Bien al contrario, han recibido en estos días el suculento bocado, ofrecido por el Gobierno en bandeja de plata, de poder hacerse con el control y la actividad de las cajas de ahorros de nuestro país. Un cambio histórico, sin duda, que supone una expropiación de bienes públicos similar a la entrega a manos privadas de los montes comunales.

La falta de cariño de la población hacia sus bienes públicos y semipúblicos está muy ligada a la falta de conciencia democrática unida a la gestión lamentable que se ha hecho de gran parte de nuestro patrimonio comunal. No ha habido una sola lágrima por la evidente desaparición de las cajas de ahorros, que podrán ceder al completo su negocio financiero a los bancos y mantener solo el cascarón de su obra social. No ha habido una sola línea recordando por qué nacieron las cajas, cuál era su papel, por qué se considera fundamental su existencia para el desarrollo de las comunidades autónomas y por qué Andalucía, más que ninguna otra, necesita un sector financiero de esta naturaleza. Bastaría recordar que las cajas -hasta la entrada en vigor de esta nueva ley- no reparten beneficios privados, y tienen la obligación de dedicar a fines sociales al menos el 33% de sus ganancias, más un 18% establecido para la obra social, lo que supone un enorme flujo de capital que debe invertirse en el territorio al que pertenecen.

En este panorama, la venta de Cajasur al mejor postor no deja de ser un expolio para la comunidad autónoma de Andalucía. Debemos este tremendo despropósito a las enloquecidas fobias ideológicas de la jerarquía eclesiástica cordobesa pero también al Banco de España, convertido en una especie de tribunal supremo sin apelación, ante el que nada valen las razones sociales ni el equilibrio territorial.

Tampoco se hubiera consumado el expolio si, el Gobierno central hubiera respetado las competencias andaluzas en materia de cajas de ahorros y hubiese escuchado a la comunidad autónoma, en vez de beneficiar la lógica bancaria y la deslocalización de las cajas. Por todo esto Cajasur ha sido adjudicada al BBK por el método de subasta, como si de un casino se tratara. Ya se sabe, que en el juego de la ruleta, la banca siempre gana. Andalucía pierde.