Los límites del Ejecutivo

José Luis Rodríguez Zapatero entró en el Gobierno en abril de 2004 con el impulso reformista del 35º Congreso del PSOE. Contagiaba de entusiasmo a los suyos con la idea de cambiar España. "No sabéis lo que se puede hacer con el BOE", decía entonces. Ciertamente se fijó objetivos políticos muy ambiciosos: la pacificación de Euskadi, la reforma del Estatuto catalán y avances sustanciales en política social y derechos civiles como la Ley de Dependencia, los cambios en la Ley del Aborto y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero su impulso reformista topó enseguida con la realidad. El proceso de pacificación vasca por la vía del diálogo entre el Gobierno y ETA (aunque fuera esta quien lo dinamitó) se encontró con el rechazo frontal de poderes tan importantes como el primer partido de la oposición, un sector muy influyente de la judicatura y parte de las asociaciones de víctimas, además de medios de comunicación conservadores, la mayoría de Madrid, muy beligerantes desde su victoria en 2004.

El ánimo reformista de Zapatero chocó con los poderes del Estado y la economía

La fuerte oposición de la Iglesia -otro de los poderes más combativos en su contra- a avances en los derechos como la ley de matrimonios homosexuales y la reforma del aborto (con movilizaciones callejeras incluidas) no han sido óbice sin embargo para que salieran adelante.

En cambio, la aplicación de la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de bienestar, se ha resentido mucho del impacto de la crisis económica y del boicoteo de algunas comunidades gobernadas por el PP.

Una recesión de proporciones desconocidas desde hace 70 años ha terminado por frenar los avances sociales de Zapatero en 2010, con un inesperado recorte de los sueldos de los empleados públicos y la congelación de las pensiones. Su impulso reformista se ha visto trabado en esta ocasión por el poder de los mercados financieros de un mundo globalizado.

Diez años después de ganar el liderazgo del PSOE y seis después de formar su primer Gobierno, Zapatero no ha podido redondear su impulso reformista. Ha chocado con los poderes del Estado y de la globalización, que limitan la capacidad política del Ejecutivo, el más legitimado al emanar de las urnas. A estas alturas, Zapatero ya sabe que el poder del BOE, con toda su importancia, es limitado.

El líder socialista pasa ahora por sus peores horas, sumergido en una crisis económica prolongada y con la inestabilidad parlamentaria por la falta de socios fijos. Esto último, por cierto, consecuencia del éxito que supuso la victoria electoral en dos fortalezas antaño inexpugnables del nacionalismo: Cataluña y Euskadi.

En todo caso, el impulso reformista de la primera legislatura no ha sido vano. Aunque el proceso de final dialogado del terrorismo fracasó en 2006, sus consecuencias han sido muy positivas. La ruptura de aquella tregua por parte de ETA dejó a la banda dividida, aislada internacionalmente y enfrentada a su brazo político. En definitiva, colocó a los terroristas en una etapa terminal.

El avance en los derechos civiles y sus conquistas sociales, amortiguadas por el batacazo económico -y al margen de los errores de gestión de esta- han puesto las bases para el fortalecimiento del Estado de bienestar, una vez que España salga de la crisis.