Los trabajadores de Astilleros de Huelva radicalizan sus protestas
200 empleados queman un barco, dos talleres y seis contenedores
Un barco y dos talleres en llamas, seis contenedores con maderas, paneles, neumáticos y aceites ardiendo, cuatro dotaciones de bomberos, varias calles cortadas por la policía y peligro porque multitud de residuos tóxicos se encontraban a pocos metros del incendio provocado. Este es el balance de la actuación de 200 trabajadores de Astilleros de Huelva que ayer radicalizaron con fuego las protestas que vienen llevando a cabo, cada martes y jueves, en las instalaciones del puerto y por las calles de la capital onubense, para exigir una solución al drama del sector, en situación de prequiebra desde hace más de seis meses.
La humareda negra podía verse a más de cinco kilómetros de la ciudad. La quema de material inflamable de todo tipo comenzó a las 10.30 y los bomberos abandonaron las instalaciones cuatro horas después, sobre las 15.30.
Los obreros exigen el pago de salarios y una salida a la crisis de la empresa
El presidente del comité de empresa, Isidro García, reconoció que, quizás, habían ido demasiado lejos, pero añadió que ya no saben qué hacer. "Yo ya no me hago responsable de lo que pase. La gente está desesperada y hace cosas desesperadas", declaró el representante de los trabajadores. "Ni administrador único, ni ayuda de la Junta, ni nada de nada. Seguimos en el mismo punto", añadió.
El "mismo punto" es el mes de febrero, cuando, tras decenas de reuniones en Sevilla y en Huelva, la Junta de Andalucía -con el apoyo de los sindicatos- nombró a un administrador único para los Astilleros de Huelva, José Luis Álvarez, y los antiguos dueños -cuya gestión había sido más que cuestionable- cedieron el 51% de sus derechos políticos.
Pero, desde entonces, todo sigue igual, excepto el pago de dos nóminas (octubre y noviembre) por parte de la Junta, que aportó medio millón de euros. Los empleados llevan más de seis meses sin cobrar, la construcción de los barcos continúa paralizada desde octubre de 2009 y la plantilla se declara "harta" (utilizando también otras expresiones más explícitas) de escuchar a "unos y a otros".
La reunión del comité de empresa el pasado miércoles con Álvarez no ha calmado los ánimos. Tampoco lo hizo el encuentro de ayer de los trabajadores de los astilleros sevillanos con la agencia Idea, órgano dependiente de la Consejería de Innovación encargado de las negociaciones.
La representación del comité de empresa que participó en esta reunión trasladó a la plantilla de la industria naval su intención de estudiar las soluciones planteadas de forma verbal, entre las que se encuentra el posible adelanto de fondos con cargo a ayudas futuras de la compañía para el pago de las nóminas.
Los trabajadores mostraron a Idea su "preocupación y desesperación" ante la actual situación de la compañía y ante la "falta de impulso de la hoja de ruta planteada y el impago de las nóminas desde hace unos cuatro meses". La plantilla espera una respuesta a principios de la semana próxima.
El rosario de actos reivindicativos se remonta a finales de 2009. Desde entonces, los de Huelva se han encerrado en barcos en construcción -como el Odoardo Amoretti-, han cortado en numerosas ocasiones el puente a Punta Umbría, han recogido 15.000 firmas de apoyo y proferido consignas como "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra"...; los de Sevilla, por su parte, han lanzado una barcaza en llamas al río Guadalquivir o han cortado el centro de Sevilla a las peores horas. "Ahora hay que calmar los ánimos pero seguiremos con los encierros el próximo martes", aseguró ayer García.
Los servicios jurídicos de Idea estudiaron la adopción de acciones judiciales contra los ex gestores y ex propietarios de los Astilleros de Huelva, propietarios a su vez de los de Sevilla. La deuda asciende a más de 300 millones de euros. El delegado del Gobierno en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, garantizó hace dos semanas -durante la entrega de las firmas de apoyo a Astilleros- que la Administración trabajaba "duro" para "ayudar" al sector pero que la empresa era privada y el margen de maniobra de la Junta no era absoluto.
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