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Para cinco jueces del Constitucional el aborto viola el derecho a la vida

Otros seis magistrados impusieron que no se frene la ley que sale de las Cortes

El debate sobre la ley del aborto en el Tribunal Constitucional se prevé duro e intenso. El pasado miércoles, cinco de sus magistrados intentaron suspender la aplicación de la norma alegando que atenta contra el derecho a la vida. Sin embargo, por seis votos a cinco, el alto tribunal decidió no paralizar la regulación (que había solicitado el PP) que entró en vigor el 5 de julio. El Constitucional no contempla, dice en el auto hecho público ayer, "ninguna limitación de la aplicación de una ley estatal como consecuencia de que haya sido impugnada ante el alto tribunal".

El auto está claro. Vuelve a aplicar la doctrina del caso de los papeles de Salamanca: entiende que no puede suspender normas del Estado aprobadas en las Cortes impugnadas por un tercero (en este caso el PP), ya que lo considera un acto contra la voluntad popular. Solo puede hacerlo si es el Estado quien recurre normas autonómicas. A pesar de que la ley está clara, según este tribunal, y de la existencia de ese antecedente, los cinco magistrados -cuatro del sector conservador, otro considerado afín a CiU- votaron para pararla. Es una muestra más de la división que suscita la interrupción voluntaria del embarazo.

La ley "afecta a los fundamentos de nuestro sistema", según Zapata
Eugeni Gay habla de la "irreparable eliminación de vidas humanas"

Los cinco exponen en sus cuatro votos particulares que la ley puede provocar daños irreparables si, después, el tribunal decide que no es constitucional. El mismo argumento que usó el PP para pedir la suspensión de una ley que tachan de inconstitucional.

"Nunca se había enfrentado el Tribunal ante la solicitud de suspensión de una ley cuyo contenido afecta de modo tan intenso a los fundamentos mismos de nuestro sistema de derechos fundamentales", razona Jorge Rodríguez Zapata, que, al igual que otros tres magistrados -Ramón Rodríguez Arribas, Guillermo Jiménez y Javier Delgado- se muestra en contra del argumento principal del auto, la doctrina del caso de los papeles de Salamanca, y asegura que el Constitucional sí tenía facultades para paralizar la norma.

El quinto magistrado que votó para frenarla, Eugeni Gay Montalvo -elegido por los socialistas de acuerdo con CiU-, coincide con el criterio del auto. Sin embargo, sostiene que la ley afecta al derecho a la vida y por tanto debe "entenderse" y "considerarse" su suspensión. Gay, que asegura que se encuentran ante "un caso límite en el ámbito del derecho", habla también del "perjuicio irreparable" que supondría la "eliminación de vidas humanas".

El Constitucional se limita en su auto a explicar por qué no suspende la ley, sin entrar en el debate de si es constitucional. Tras este dictamen, sin embargo, el alto tribunal tendrá que decidir sobre los recursos presentados por el PP -que asegura que la ley atenta "contra el derecho del no nacido"- y por el Gobierno de Navarra (UPN) -que cree que la nueva ley invade sus competencias-.

Un debate del que los votos particulares de los cinco magistrados pueden considerarse un anticipo -aunque no está claro que sean los mismos quienes decidan sobre la constitucional de la norma, pues este tribunal tiene pendiente una renovación-.

Algunos, como Javier Delgado, consideran que la suspensión merecía una valoración constitucional. Delgado sostiene que el nasciturus (el no nacido) es un "bien jurídico protegido" por la Constitución. Un argumento similar al que empleó el Constitucional en su sentencia de 1985 y a la que se acoge el PP para recurrir el punto de la ley que establece el aborto libre hasta la semana 14. Un sistema que critica Gay, que argumenta que con la nueva ley "es la decisión unilateral de la mujer la que puede dar lugar a la interrupción de la gestación de la vida".

Mientras el alto tribunal decide, algunas comunidades siguen intentando frenar la aplicación de la norma empleando subterfugios para impedir a las mujeres acceder a la prestación sanitaria financiada, o tratando de disuadirlas -como Valencia, con las fotografías de fetos que entregará a las mujeres-. Ante esto, el pleno del Congreso aprobó ayer (183 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones) una resolución del debate del estado de la nación que pide al Gobierno que haga cumplir la nueva ley del aborto.

El recurso del PP

- Objeción. El PP basa su recurso en ocho puntos que inciden en el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que, dicen, no está protegida en la ley.

- Educación sexual. El PP cree que es un derecho de los padres que sus hijos reciban la información "conforme a sus convicciones".

- 'Nasciturus'. El PP dice que la ley desprotege al nasciturus (no nacido). Se basa en una sentencia del Constitucional de 1985 que dice que el nasciturus es un "bien jurídicamente protegido".

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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.
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