Sospechoso estrés

Es poco creíble el repentino aluvión de bajas que está registrando el colectivo de controladores aéreos españoles. Los 2.300 profesionales del sector exhiben una larga historia de huelgas de celo, en demanda de sus privilegiadas condiciones y aprovechando la repercusión de sus acciones, como para otorgarles ahora la presunción de inocencia; máxime cuando tal avalancha de bajas, que triplican a las de hace solo cinco meses, coincide con un mayor tráfico aéreo por el periodo estival y con la entrada en vigor del decreto ley (luego convertido en ley) que modificó sustancialmente sus privilegiadas condiciones laborales.

El sindicato mayoritario de los controladores (USCA) achaca el absentismo al agotamiento del personal, al estrés y la angustia que produce un trabajo tan intenso. Es una explicación poco convincente, habida cuenta de que lo que imperaba en el sector antes del decreto ley era una prolongación exagerada de la jornada laboral a base de horas extras muy generosamente pagadas. De modo que la solución al agotamiento difícilmente debería ser una reducción de dicha jornada. Metidos en su propia trampa, la respuesta más sencilla al desfallecimiento de los controladores españoles, cuyo trabajo es similar al del resto de los europeos, con sueldos inferiores, sería dudar de su capacidad para asumir su carga de trabajo.

Apenas quedan dudas de que estamos ante una huelga encubierta e ilegal. De manera que hay que aplaudir la decisión del Ministerio de Fomento de preparar el desembarco de controladores militares para casos excepcionales; y lamentar las críticas oportunistas del portavoz del PP, González Pons, a la supuesta imprevisión gubernamental. Solo cabe reclamar de Fomento y de AENA que los cursos de adaptación de los militares a la ordenación del tráfico civil sean realizados con el máximo rigor, de manera que se siga primando la seguridad ante todo.

Los controladores aéreos han perdido todas las batallas en los últimos meses, incluida la judicial. La Audiencia Nacional dio el visto bueno a la reducción de sus salarios (de 350.000 euros anuales de media) en un 40%. Eran sueldos abusivos para jornadas de trabajo insuficientes (1.200 horas anuales) que, por tanto, había que completar con horas extras, lo que engrosaba los emolumentos de algunos hasta los 700.000 euros anuales, unas cifras que hablan por sí solas. Estos técnicos podían, además, acogerse a una baja voluntaria definitiva a los 52 años sin merma salarial.

El mejor camino para terminar con tales condiciones de privilegio y evitar nuevos conflictos es el emprendido por el Gobierno, que intenta introducir racionalidad y sensatez en el trabajo de un colectivo al que antes nadie osó plantar cara. Que la Seguridad Social y la Fiscalía investiguen a fondo las bajas es una buena noticia. Solo una verificación minuciosa evitará el abuso o el linchamiento indiscriminado de un colectivo tan amplio.