PNV y PSE avalan una comisión de investigación sobre el 'caso De Miguel'

A modo de primeras intenciones, PSE y PNV coincidieron ayer en su predisposición a que se abra una comisión de investigación en el Parlamento vasco sobre el denominado

caso De Miguel

, donde se engloba la presunta trama de espionaje en Álava descubierta la pasada semana. Ambos partidos lo pusieron así de manifiesto a medida que se van conociendo nuevas revelaciones sobre estos escándalos que afectan principalmente a gestiones de personas vinculadas con el PNV y de manera especial a Aitor Telleria, el ex número dos en Álava.

Como prueba evidente de esta voluntad, Iñaki Gerenabarrena, presidente del ABB, aseguró ayer que no tiene "ningún problema" en la creación esta comisión de investigación ya que "es imposible de demostrar" la implicación del PNV, ya que "no se ha hecho" y no tiene "nada que ocultar". Entrevistado en ETB 2, Gerenabarrena apoyaría la comisión de investigación "sin el más mínimo género de dudas", puesto que no tiene "absolutamente nada que ocultar".

El presidente del PNV de Álava niega que su partido esté implicado

Pastor apremia al Parlamento a que "tome cartas en el asunto"

Además, adelantó que "si se prueba que ha existido por parte de alguien espionaje político, desde luego nosotros somos los primeros que caigan todas las consecuencias sobre esa persona". Sin embargo, denunció la "utilización torticera" que se está haciendo del caso para "ligar" estas actuaciones con el PNV. Para Gerenabarrena, el secreto de sumario en este asunto está "dando pábulo a muchas elucubraciones".

A su vez, el portavoz socialista en la Cámara de Vitoria, José Antonio Pastor, comparte la necesidad de crear una comisión de investigación en el Parlamento para analizar el

caso De Miguel

"incluyendo en ellas la supuesta trama de espionaje por algunos agentes de la Ertzaintza". Pastor precisa que la constitución de la comisión debería llevarse a cabo "en un momento en que sea factible desde el punto de vista jurídico y siempre que exista un acuerdo al respecto entre los grupos parlamentarios". En este sentido, considera que "no parece que el PNV vaya a poner ningún obstáculo teniendo en cuenta la actitud positiva que ha mantenido el presidente del PNV de Álava sobre una investigación pública del caso".

El portavoz del PSE apremia a que la Cámara vasca "tome cartas en el asunto" tras conocerse las informaciones que "afectan de manera muy directa en ámbitos especialmente sensibles de la Administración vasca".

Los datos conocidos hasta ahora del caso, que sigue bajo secreto de sumario, causaron ayer multitud de reacciones, entre ellas las del presidente del PNV de Álava, Iñaki Gerenabarrena. Como informó ayer ese diario, familiares directos del líder peneuvista, entre ellos un hermano, trabajan en la división antiterrorista, la antigua UIA, desde donde se han practicado el espionaje, que ha sido, según la investigación, tanto en seguimientos personalizados como a través de un sistema informático avanzado que permitía acceder a la información de los espiados a través de la red, en vez de terminal a terminal.

Gerenabarrena descartó cualquier trama e igualmente la implicación del PNV. Afirmó que "es imposible demostrar" la implicación de su partido porque "no se ha hecho ni existen ertzainas que hayan investigado a otros partidos". Por ello, pidió que se levante las medidas adoptadas contra los dos ertzainas, a los que Interior ha apartado de sus puestos y les ha abierto un expediente disciplinario interno. Calificó las informaciones aparecidas de filtraciones que responden a "intenciones torticeras" para implicar al PNV, que no le preocupan porque dentro de su partido, aseguró, "no tenemos nada que ocultar".

El presidente del Araba Buru Batzar se manifestó "afectado ante la indefensión" que le generan los datos de este caso y aclaró que "nadie" en el PNV le ha pedido explicaciones ni que ponga su cargo a disposición de partido. Agregó que se ha sentido "absolutamente respaldado" por el Euskadi Buru Batzar.

El sindicato de la Ertzaintza Esan, afín al PNV, exigió ayer al consejero de Interior Rodolfo Ares que "no criminalice" a los dos agentes imputados y calificó el caso de "caza de brujas". Criticó que el Departamento se niega a prestar apoyo jurídico a dos ertzainas que "se han ganado el respecto de todos aquellos con los cuales han trabajado y de aquellos que les han conocido reconociéndole el duro trabajo que han desarrollado".

El Departamento de Interior mantiene su discreción sobre este asunto y únicamente ayer señaló que no dispone de datos que apunten a la existencia de más ertzainas implicados. Según fuentes próximas al caso, los dos policías tenían el apoyo de otros agentes de su confianza y, en un tercer nivel, de ertzainas que prestaron labores de ayuda y conocimientos para la vigilancia informática.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, consideró ayer "de extrema gravedad" estos datos de ertzainas que "funcionaban como agentes secretos de relevantes afiliados del PNV", que cree "verosímil".

Reveló que agentes de la policía vasca amenazaron a su hermano, Joseba Pagazaurtunda (asesinado por ETA en 2003) con "pasar sus datos a ETA". "Solo cuando después de dos horas de tortura moral les indicó que un amigo suyo le esperaba cerca le dejaron marchar", explicó.