Ripoll cambió el vertedero de sitio pese a que Ortiz no tenía el suelo

El consorcio del plan zonal de residuos de la zona XVII (La Vega Baja), que preside el titular de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, autorizó el cambio de ubicación de la planta sin que el adjudicatario (la UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz e Hijos) tuviera la titularidad del suelo del emplazamiento alternativo. La adjudicación de esta contrata pivota sobre el eje de la trama corrupta que investiga un juzgado de Orihuela a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En el sumario hay 11 imputados, entre ellos el propio Ripoll, el industrial afín al PP Ángel Fenoll, y el empresario de la automoción Rafael Gregory. Éste, según fuentes del caso, actuó como intermediario.

"Rechazamos el suelo de Fenoll por caro", dicen fuentes de la adjudicataria

El presidente de la Diputación ha dejado de tener una agenda pública

La adjudicación inicial, acordada en enero de 2008, preveía levantar la industria en la finca Lo Cartagena, en la pedanía oriolana de Torremendo. A finales de abril de 2008, el adjudicatario planteó llevar la planta a la finca La Pistola, de la que es copropietario Fenoll. Fuentes de la adjudicataria aseguran que cuando se hicieron con la contrata tenían "una opción de compra" sobre la finca de Lo Cartagena. "Luego, por presiones de los vecinos, propusimos el cambio de ubicación, y planteamos dos alternativas, la de Fenoll y otra, pero no se ha materializado ningún acuerdo", señalan esas fuentes. "Nos han metido en un lío por intentar comprar un suelo que hemos rechazado, porque es muy caro", añadieron. Según la adjudicataria, Fenoll llegó a pedir el doble del precio de ese suelo en la zona.

El consorcio del plan zonal aprobó el cambio de ubicación en junio de 2008 y lo sometió a información pública. El 22 de diciembre de ese año, en una reunión extraordinaria de la junta de gobierno del consorcio se dio el visto bueno definitivo al cambio de emplazamiento. Previamente se habían rechazado todas las alegaciones, incluidas el centenar presentado por los alcaldes socialistas de la comarca. En esa reunión también se acordó "la suspensión temporal del contrato" hasta redacción de uno nuevo que recogiera la ubicación definitiva. Ese nuevo contrato, según fuentes oficiales del consorcio, no se ha llegado nunca a formalizar. Fuentes de la UTE adjudicataria aseguran que ello no supone la paralización del plan, "durante este tiempo se han estado redactando los proyectos".

La supuesta implicación del empresario Ángel Fenoll en este entramado no se limita solo a su propiedad de suelo en La Pistola. El industrial, en una UTE con la mercantil Sufi, también fue uno de los siete grupos que optaron al concurso. Fuentes jurídicas aseguran que el intermediario de Fenoll en todas estas operaciones fue Rafael Gregory, dueño del concesionario Autisa. Fenoll, su hijo Antonio Ángel, y Gregory son los tres únicos imputados a los que el juez ha puesto fianza, de 300.000 y 100.000 euros, respectivamente.

Justamente una semana después de su arresto por estos hechos, el presidente de la Diputación de Alicante sigue su agenda rutinaria intramuros. Desde entonces no ha acudido a ningún acto público. Ripoll mantuvo ayer un encuentro con Gabriel Escarrer, consejero delegado del grupo Sol Meliá, cerrado a los medios de comunicación. Y a lo largo de la mañana canceló una reunión de trabajo también en la Diputación.

Y mientras, la número dos de Ripoll, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, se mantiene a la expectativa. Su gestión al frente del Ayuntamiento también ha quedado salpicada por supuesta corrupción a los tres años de llegar a la alcaldía. Tres de sus concejales, entre ellos Manuel Abadía, quien representa al Consistorio oriolano en el consorcio, están imputados en la supuesta trama corrupta.